La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un conjunto de irregularidades en el manejo de recursos públicos del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el ejercicio fiscal 2024: viáticos sin comprobar, pagos por servicios inexistentes, equipos sin paradero y hasta boletas electorales cobradas antes de ser producidas, según los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2024 dados a conocer por el organismo fiscalizador.
En el caso del INE, la ASF detectó en 2024 el pago de 793.9 millones de pesos por boletas y materiales del proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial como si hubieran sido recibidos “en tiempo y forma y a entera satisfacción” ese mismo año, cuando en realidad fueron producidos, suministrados y entregados en 2025.
PAGOS SIN acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los comisionados del pleno, y servidores públicos del Inai, así como de personas invitadas externasAUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Cuenta pública 2024
La auditoría revisó una muestra de mil 978.9 millones de pesos equivalente al 27.8 por ciento del universo de 7 mil 127 millones reportados como pagados.
Detectó además que el INE efectuó pagos por 63.2 millones de pesos por materiales de simulacro para capacitación electoral que “no cuentan con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación del servicio”, señalamiento que se extiende al proveedor, quien tampoco pudo acreditar cómo llevó a cabo el trabajo contratado.
Los auditores también documentaron la ausencia de registros que acrediten la recepción, uso y destino de más de un millón 197 mil materiales didácticos relacionados con la elección extraordinaria del Poder Judicial, valuados en 1.1 millones de pesos, distribuidos entre distintas áreas del INE.
El organismo pagó 2.3 millones de pesos por dos mil 171 días de renta de automóviles que fueron utilizados “para propósitos distintos al único fin autorizado”, denominado Módulo de Atención Ciudadana.
En el caso del Inai, cuyo mandato constitucional era precisamente garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas, la auditoría abarcó un universo de mil 33.2 millones de pesos, de los cuales se analizó una muestra del 68.5 por ciento y arrojó irregularidades cuantificadas por más de 7.3 millones de pesos en erogaciones sin respaldo documental suficiente.
La ASF detectó “pagos sin acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los comisionados del pleno, y servidores públicos del Inai, así como de personas invitadas externas”, por un monto de tres millones de pesos.
El instituto tampoco pudo demostrar con documentos suficientes el destino de esos viáticos y gastos de representación.
La auditoría también señaló que “servidores públicos obtuvieron beneficios económicos no comprendidos en su remuneración y utilizaron recursos humanos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable al Inai”, sin que el informe precisara los montos exactos de dichos beneficios, lo que podría derivar en presuntas responsabilidades administrativas.
A eso se suman cuatro millones 200 mil pesos pagados por un año completo de servicio de limpieza sin poder acreditar que este fue efectivamente prestado; 100 mil pesos destinados a once equipos informáticos cuya ubicación dentro del instituto es desconocida; y 600 mil pesos por un servicio de mantenimiento de octubre de 2024, sin documentación que acredite la entrega de materiales.
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LMCT
