Ante la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que calificó como “tendencioso” el histórico informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana afirmó que “la descalificación oficial no modifica la realidad de la crisis de desapariciones en el país, donde la impunidad supera el 98% y más de 132,000 personas permanecen desaparecidas”.
La IBERO señaló que negar la realidad o desacreditar los hallazgos técnicos no elimina la impunidad ni los sufrimientos de las familias que buscan a sus seres queridos. “Denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debe adoptar”, afirmó la institución.
El programa de derechos humanos recordó que el Estado mexicano es parte voluntaria de tratados internacionales y que la soberanía se ejerce cumpliendo estas obligaciones, no desacreditando recomendaciones de organismos internacionales.
En cuanto a los avances normativos señalados por el gobierno, la IBERO enfatizó que la voluntad del Estado se mide por la interrupción efectiva de las violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia, no por la creación de nuevos marcos legales. Mientras las cifras de personas desaparecidas continúen aumentando y la impunidad supere el 99%, cualquier reforma normativa resulta insuficiente en la práctica.
El informe del CED no ignora los esfuerzos del Gobierno Federal, pero señala que estos no han logrado revertir la crisis estructural. Además, el rechazo oficial sobre la participación de agentes estatales en las desapariciones ignora documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil.
La IBERO recordó que la responsabilidad internacional del Estado no solo surge por acción directa, sino también por omisión frente al riesgo conocido o cuando la estructura estatal es incapaz de investigar al crimen organizado.
La institución también destacó la falla sistemática en herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses, que acumula más de 83,000 cuerpos y restos no identificados, como prueba del colapso institucional.
Calificar el informe del CED como un fallo de rigor diagnóstico constituye, según la IBERO, una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias.
Finalmente, el Programa de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno de México para que:
- Abandone la actitud defensiva y reconozca la magnitud de la crisis.
- Acepte la asistencia técnica internacional propuesta por el CED.
Establezca un diálogo genuino con familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para generar estrategias y propuestas de atención a las desapariciones.
“La disputa por el diagnóstico solo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. La opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para enfrentar una de las crisis humanitarias más dolorosas de la historia reciente del país”, concluyó la institución.
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MSL
