El Gobierno de México rechazó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que horas antes advirtió posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones en el país, y calificó la resolución como “tendenciosa”, “parcial” y “sesgada”.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores sostuvieron que el documento del organismo internacional omite avances institucionales implementados desde 2018 y, particularmente, las reformas aprobadas en 2025 para fortalecer la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
La respuesta oficial se da luego de que el Comité de la ONU solicitó llevar el caso de México ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, derivado de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
ONU alerta por posibles crímenes de lesa humanidad en desapariciones de México
Frente a ello, el Gobierno mexicano subrayó que el propio Comité reconoce en su resolución que no existen indicios fundados de una política federal orientada a cometer este tipo de actos.
Argumentó que el procedimiento previsto en la Convención está diseñado para contextos en los que las desapariciones son cometidas de forma sistemática por agentes del Estado y en los que las autoridades se niegan a actuar, una condición que, aseguró, no corresponde a la realidad actual del país.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, se lee en el comunicado conjunto.
Además, afirmó que gran parte del análisis del Comité se refiere a hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se centra en solo cuatro entidades.
El Gobierno federal defendió como avances recientes la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como una mayor coordinación entre fiscalías y comisiones estatales.
Finalmente, el Gobierno mexicano reiteró que mantiene disposición a la cooperación técnica internacional, aunque rechazó evaluaciones que, remarcó, no reflejan la situación actual del país.
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