Con la novedad de que en medio de especulaciones sobre presuntas irregularidades en la nómina docente, la Secretaría de Educación mexiquense fijó finalmente una postura que nos piden leer con cuidado, pues viene a introducir un dato relevante que parecía haber quedado un tanto marginado en la conversación pública. Y es que resulta que el caso no se quedó en un hallazgo administrativo, sino que derivó en una denuncia presentada desde el 26 de febrero ante la Fiscalía estatal. No es un detalle menor, porque coloca el tema en una ruta de revisión interna, que camina por dos vertientes: control del gasto público y actuación legal. Esto significa que los señalamientos no podrían acreditarse como una omisión. Por el contrario, ahora lo que sigue será acreditar el alcance de las anomalías, deslindar responsabilidades. Ése sería el camino para que el Gobierno pueda sostener su política de cero tolerancia a la corrupción. Pendientes.