La reacción del Gobierno mexicano frente al señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas detonó una ola de críticas entre especialistas, colectivos y organismos civiles, quienes coincidieron en que la postura oficial evade la magnitud del problema y limita cualquier posibilidad de solución. Voces clave señalaron que la descalificación del informe no atiende el fondo de una crisis que supera las 100 mil personas desaparecidas en el país.
Santiago Corcuera, expresidente del propio comité, calificó como “deplorable” la postura gubernamental y advirtió que desconocer el diagnóstico internacional sólo agrava el escenario. “Enojarse con el doctor que te dé el diagnóstico no te va a curar”, afirmó en entrevista de radio, al subrayar que la negación impide construir respuestas efectivas.
- El Tip: Los crímenes de lesa humanidad son actos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Desde su perspectiva, la respuesta oficial del Gobierno carece de sustento jurídico, ya que la definición de desaparición forzada no depende de la CED, sino de instrumentos internacionales adoptados por la comunidad global.
El especialista recordó que el Estatuto de Roma reconoce este delito como crimen de lesa humanidad, incluso si involucra actores no estatales, lo que justifica su inclusión en el análisis sobre México.
A esa crítica se sumó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que consideró “insuficiente y preocupante” la reacción de las autoridades. La organización afirmó que la respuesta oficial “no está a la altura de la crisis” y reproduce una práctica reiterada de descalificación frente a evaluaciones internacionales.
El organismo sostuvo que desacreditar el informe desvía la atención del problema central. “La disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido en México”, puntualizó.
Además, el Centro Prodh vinculó esta postura con un patrón estructural que ha frenado soluciones de fondo. Señaló que negar la dimensión del fenómeno ha limitado la capacidad institucional para responder con eficacia, lo que ha prolongado la crisis y profundizado el impacto en miles de familias. En ese contexto, la organización destacó que la activación del artículo 34 de la Convención por parte del CED —un mecanismo inédito— refleja la gravedad del caso mexicano.
México Unido contra la Delincuencia (MUCD) también cuestionó la reacción oficial. La organización calificó como “sin precedentes” la intervención del Comité y advirtió que el rechazo gubernamental implica desaprovechar una oportunidad histórica para atender el fenómeno con apoyo internacional, tanto en investigación como en fortalecimiento de capacidades institucionales.
En ese sentido, enfatizó la dimensión humana detrás de las cifras. “Cada historia de desaparecidos merece atención, memoria, verdad y justicia; negar la crisis no ayuda a resolverla”, expresó en su posicionamiento, al tiempo que pidió apertura institucional para colaborar con los mecanismos internacionales.
La organización también llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a las autoridades federales a asumir una postura constructiva frente al proceso internacional, con el objetivo de garantizar acompañamiento técnico, financiamiento, así como asesoría especializada en tareas de búsqueda, identificación forense e investigación de los casos.
Desde la academia, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana coincidió en que la descalificación del informe no modifica la realidad. Advirtió que la impunidad en estos casos supera 99 por ciento y que más de 132 mil personas siguen desaparecidas en el país.
Además, la Ibero señaló que negar la realidad o desacreditar los hallazgos técnicos no elimina la impunidad ni los sufrimientos de las familias que buscan a sus seres queridos.
“Denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debe adoptar”, afirmó la institución.
El programa de derechos humanos recordó que el Estado mexicano es parte voluntaria de tratados internacionales y que la soberanía se ejerce cumpliendo estas obligaciones, no desacreditando recomendaciones de organismos internacionales.
Sobre los avances normativos señalados por el Gobierno de Méxcio, la universidad enfatizó que la voluntad del Estado se mide por la interrupción efectiva de las violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia, no por la creación de nuevos marcos legales.
“Mientras las cifras de personas desaparecidas continúen aumentando y la impunidad supere el 99 por ciento, cualquier reforma normativa resulta insuficiente en la práctica”, apuntó.
El informe del CED no ignora los esfuerzos del Gobierno federal, pero señala que estos no han logrado revertir la crisis estructural, señaló.
Además, el rechazo oficial sobre la participación de agentes estatales en las desapariciones ignora documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil.
La ibero recordó que la responsabilidad internacional del Estado no sólo surge por acción directa, sino también por omisión frente al riesgo conocido o cuando la estructura estatal es incapaz de investigar al crimen organizado.
La institución también destacó la falla sistemática en herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses, que acumula más de 83 mil cuerpos y restos no identificados, como prueba del colapso institucional. Calificar el informe del CED como un fallo de rigor diagnóstico constituye, según la Iber, una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias.
Finalmente, el Programa de Derechos Humanos llamó al Gobierno de México para que “abandone la actitud defensiva y reconozca la magnitud de la crisis. Acepte la asistencia técnica internacional propuesta por el CED. Establezca un diálogo genuino con familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para generar estrategias y propuestas de atención a las desapariciones”.
“La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. La opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para enfrentar una de las crisis humanitarias más dolorosas de la historia reciente del país”, concluyó la institución.
Las críticas también retomaron el papel de los colectivos de búsqueda, quienes durante años han documentado fallas en los mecanismos institucionales, rezagos en servicios forenses y altos niveles de impunidad. Para estos grupos, el reconocimiento del problema constituye un paso indispensable para avanzar hacia soluciones estructurales.
Corcuera coincidió con ese diagnóstico al destacar la relevancia del trabajo de las personas buscadoras y colectivos en la visibilización del fenómeno. “Este logro se le debe cien por ciento a las familias de las personas desaparecidas”, afirmó, al referirse al impulso que permitió llevar el caso mexicano a instancias internacionales.
Urgen al Estado a atender observaciones de la ONU
› Por Claudia Arellano
LA ORGANIZACIÓN Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión histórica del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de poner a consideración urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación de desapariciones en México, y expresó su preocupación por la descalificación del Gobierno mexicano frente a esta determinación.
En ese contexto, subrayó que reconocer avances institucionales no exime al Estado de atender las observaciones de organismos internacionales ni de mantener la cooperación con ellos, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de las acciones.
- El Dato: Amnistía recordó que las desapariciones en el país son una crisis humanitaria que afecta directamente a más de 132 mil familias.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el comité reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas concretas para enfrentarla. Entre ellas, destacó la implementación de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las tareas de búsqueda, el análisis forense y las investigaciones sobre desapariciones forzadas, incluyendo posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Asimismo, planteó la necesidad de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y brindar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y personas defensoras que las acompañan en estas labores.
Amnistía consideró que la resolución del comité representa una oportunidad clave para que el Estado mexicano atienda de manera efectiva la crisis de desapariciones. Por ello, hizo un llamado a las autoridades a aceptar la cooperación técnica internacional, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y reafirmar el compromiso del país con los derechos de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
Ante la magnitud de la crisis, el Comité de la ONU anunció que activaría por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, con el objetivo de analizar si en México estas desapariciones se presentan de manera sistemática o generalizada.
En su informe sobre el país, este orgnanismo reconoció algunos esfuerzos del Estado mexicano para atender el problema, pero concluyó que han sido insuficientes, y que las autoridades siguen rebasadas por la magnitud del fenómeno, por lo que se requieren cambios estructurales para prevenirlo y abordarlo eficazmente.
Matan a buscadora en Salamanca y hallan osamentas
› Por Elizabeth Hernández
EL ASESINATO de Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue confirmado por autoridades tras su desaparición; horas después, familiares organizados localizaron restos de al menos 20 personas en una zona cerril de Cortazar, un hallazgo que expone la violencia que enfrentan quienes buscan a sus desaparecidos.
Investigaciones oficiales detallaron que la joven de 28 años fue sustraída de su domicilio en la comunidad de Valtierrilla por sujetos armados el 14 de marzo. Cinco días después se reportó el hallazgo de dos cuerpos en un camino cercano a Puerto de Valle, a menos de seis kilómetros, aunque la identificación oficial ocurrió hasta ayer.
- El Tip: La organización Artículo 19 advirtió que este asesinato se suma a una serie de agresiones contra personas buscadoras en el país, quienes enfrentan amenazas constantes en su labor.
La joven se integró al colectivo en 2021 tras la desaparición de su hermano Miguel “N”. Su participación continuó después de encontrar sus restos el año pasado. La vocera, Alma Tapia, señaló que “Ceci no sólo buscaba a su hermano, acompañaba a otras familias que enfrentan la misma ausencia”.
Organizaciones de derechos humanos condenaron el crimen y advirtieron sobre el riesgo que enfrentan quienes participan en estas tareas. Artículo 19 sentenció que “nombrar a Cecilia es exigir justicia. La memoria y la dignidad no se silencian”.
- 132 mil personas permanecen desaparecidas en el país, denuncian colectivos
Mientras familiares exigían justicia por el homicidio, integrantes del colectivo Unión Fuerza Guerrera localizaron múltiples restos humanos en Cortazar, tras varias semanas de rastreo en la comunidad de Valencia de Fuentes. Autoridades detallaron que en el camino hacia La Gavia se encontraron restos calcinados dentro de un horno clandestino. En otros predios, equipos localizaron cuerpos enterrados en fosas y algunos más cubiertos con piedras. El operativo también permitió recuperar prendas, calzado y objetos personales.
El desglose oficial detalló que en este trayecto se recuperaron restos de ocho personas, cuatro ya cuentan con identidad. En otro predio se localizaron seis cuerpos, todos identificados. La zona concentró cinco hallazgos adicionales, con uno pendiente, mientras que entre Valencia de Fuentes y Sauz se documentó una víctima más.
