Un juez federal inició proceso penal contra dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) señalados por solicitar dinero a personas extranjeras en la frontera norte del país. El caso se originó tras la difusión de un video que exhibió la presunta exigencia de pagos irregulares para permitir el ingreso a México.
Las autoridades federales identificaron a los imputados como Pelagio Hernández Gómez y Edson Josimar Ochoa Montes, ambos adscritos al INM. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 16 de diciembre del año pasado en el filtro de documentación del puente internacional Puerta México, ubicado en Matamoros, Tamaulipas.
- El Dato: El caso fue retomado por la Presidenta el 22 de diciembre de 2025, cuando solicitó a Rosa Icela Rodríguez, de la Segob, y al director del INM, Sergio Salomón, revisarlo .
A partir de ese material audiovisual, el propio instituto presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR. Esa instancia integró el expediente por el delito de cohecho y llevó el caso ante un juez, quien validó los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público.
Durante la audiencia inicial, la representación federal sostuvo que existen elementos suficientes para suponer la participación de los funcionarios en el delito de cohecho. “Se expusieron datos de prueba contundentes”, señaló la autoridad ministerial en el proceso judicial.
- 2,500 dólares piden por realizar algunos procesos migratorios
El órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a ambos implicados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se definirán las responsabilidades penales correspondientes.
Las denuncias por cobros ilegales dentro del sistema migratorio no son nuevas. Una revisión de expedientes oficiales reveló, al menos, 42 quejas por pagos indebidos relacionados con trámites de visas en oficinas del INM en distintas regiones del país.
A ello se suman investigaciones públicas y registros oficiales que documentan esquemas más amplios. Abogados y gestores han señalado que algunos procesos migratorios pueden involucrar pagos de hasta dos mil 500 dólares —alrededor de 50 mil pesos— para facilitar trámites irregulares o acelerar ingresos al país.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas prácticas se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes cruzan territorio mexicano. Un análisis reciente indica que la población migrante enfrenta mayores riesgos de extorsión y detenciones arbitrarias, lo que incrementa su exposición a abusos por parte de las autoridades.
Datos de organizaciones civiles y reportes oficiales también dimensionan la magnitud del problema: entre 2019 y 2024, el INM acumuló más de tres mil denuncias internas por posibles actos de corrupción, mientras que la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió más de 200 expedientes administrativos por irregularidades en trámites migratorios.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 16 mil quejas por violaciones contra personas migrantes, muchas dirigidas contra instancias controladas por el INM.
Colectivos y albergues han denunciado que los cobros ilegales operan en distintos puntos del país, desde estaciones migratorias hasta cruces fronterizos. Testimonios recogidos en informes anuales refieren pagos de miles de pesos para acceder a trámites, evitar detenciones o avanzar en procesos de refugio.
