El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas elevó el nivel de alerta sobre México al solicitar que la Asamblea General examine la crisis de desaparecidos en el país, tras identificar “indicios fundados” de actos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La decisión, considerada excepcional, coloca el tema en el máximo foro internacional con el objetivo de activar cooperación y apoyo urgente.
Desde Ginebra, el organismo explicó que actuó bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que no busca fincar responsabilidades penales, pero sí movilizar atención global ante patrones graves. El comité concluyó que la información disponible revela ataques “generalizados o sistemáticos” contra la población civil en distintos momentos y regiones en México.
- El Dato: El Comité está integrado por 10 especialistas independientes en derechos humanos que promueven la protección de las víctimas y garantías al respeto de a las obligaciones.
A diferencia de una investigación judicial, este procedimiento se sustenta en evidencia considerada verosímil y detallada. El análisis integró reportes de organizaciones civiles, datos oficiales entregados por el Estado mexicano en septiembre del año pasado y registros acumulados desde hace más de una década, incluidos hallazgos documentados durante la visita del organismo en 2021.
Según el comité de la ONU, la dimensión del problema refleja una crisis persistente. Los datos citados indican el hallazgo de más de cuatro mil 500 fosas clandestinas en territorio nacional que contenían al menos seis mil 200 cuerpos y cerca de cuatro mil 600 restos humanos. A ello se suman alrededor de 72 mil restos sin identificar, una cifra que evidencia la saturación institucional.
El organismo también señaló que, pese a las medidas implementadas tras la visita hace cinco años, no existe una mejora sustancial en la situación. “Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis”, advirtió el informe, que además subrayó la necesidad de reformas estructurales para fortalecer la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
- El Tip: El CED actúa a título personal y no representa a ningún gobierno. Su labor se centra en examinar informes, atender denuncias y activar mecanismos de previsión.
Aunque tomó nota y reconoció la postura del Estado mexicano, que atribuye muchas desapariciones a grupos criminales, destacó que en varios casos recibió información “fundamentada” sobre la posible participación directa de funcionarios públicos o su consentimiento en estos actos. Además, recordó que el derecho internacional permite considerar estos hechos como crímenes de lesa humanidad aun cuando intervengan actores no estatales.
Aunque el organismo no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas de manera deliberada, sí subrayó que la falta de control, la repetición de patrones y la posible colusión en algunos casos obligan a una respuesta más robusta. El contexto de violencia, vinculado en parte a la “guerra contra el narcotráfico”, contribuyó a las condiciones en las que estos delitos se han extendido en diversas regiones.
Con este escenario, la ONU pidió a la Asamblea General considerar medidas concretas de apoyo. Entre ellas destacan cooperación técnica, financiamiento y asistencia especializada para fortalecer labores de búsqueda, análisis forense e investigación. También planteó la creación de un mecanismo eficaz que garantice verdad, protección y acompañamiento a familiares y colectivos.
El llamado busca evitar un mayor deterioro de la situación y reforzar la capacidad del Estado mexicano para enfrentar una problemática que, según el propio organismo, mantiene una dimensión crítica.
“El procedimiento previsto en el artículo
34 tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y sus familias”, dijo Pablo Albán Alencastro, presidente del comité.
Organizaciones civiles y colectivos de familiares exigieron la publicación inmediata de los resultados completos del proceso internacional. En un pronunciamiento fechado el 31 de marzo, advirtieron sobre un contexto de “opacidad y debilitamiento institucional” que, apuntan, ha reducido la confianza en cifras oficiales.
Los firmantes describieron un entorno marcado por impunidad, fallas en los mecanismos de búsqueda y obstáculos para acceder a la verdad. “México enfrenta una situación grave y persistente en materia de desapariciones”, sostuvieron, al tiempo que alertaron sobre una tendencia hacia la negación de la crisis.
El pronunciamiento incluyó tres exigencias concretas: la difusión íntegra de las conclusiones del Comité, la emisión de recomendaciones firmes y acciones que garanticen acceso a la información.
RECHAZO MEXICANO. La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó este jueves el informe del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU sobre desapariciones en México, al que calificó de “tendencioso” por ignorar las reformas estructurales emprendidas desde 2019 y, en particular, desde 2025, así como por aplicar un marco jurídico diseñado para situaciones que, aseguraron, no corresponden a la realidad del país.
En un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las dependencias señalaron que el procedimiento de la Convención “fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar”, condiciones que, afirmaron, no se presentan en México.
El Gobierno precisó que el informe del CED se refiere “principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017”, correspondiente a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a cuatro estados. Pese a ello, lamentó que el comité haya “rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, incluyendo la presentada el pasado 27 de marzo.
Las secretarías destacaron que el CED reconoce, en los párrafos 117 y 118 de su informe, que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”, lo que, a su juicio, confirma que la situación actual difiere de la de periodos anteriores.
El comunicado cuestionó “la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED” y la ligereza de sus premisas, incluida su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma. Señaló también la existencia de “conflictos de interés de algunos de sus integrantes”, al afirmar que “existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
Frente a las críticas, el Gobierno enumeró diez herramientas aprobadas en las reformas legislativas de julio de 2025 que el CED no habría considerado debidamente, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).
Defienden historia de cooperación
Por Elizabeth Hernández
El subsecretario Enrique Ochoa Martínez defendió el papel de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. Destacó su historial de cooperación internacional y rechazó que el organismo haya construido su diagnóstico con sustento jurídico suficiente.
Subrayó que “México es uno de los pocos países en el mundo que ha ratificado las nueve Convenciones universales y las nueve regionales de derechos humanos”. Añadió que esa base coloca al país como un actor con compromiso probado ante los mecanismos multilaterales.
Sostuvo que “el CED está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada”. Sin embargo, dijo, el Gobierno ha impulsado cambios normativos y políticas que otros Estados consideran referencia.
Condenan rechazo oficial a informe; exigen aceptar cooperación internacional
› Por Claudia Arellano y Elizabeth Hernández
La reacción del Gobierno mexicano frente al señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas detonó una ola de críticas entre especialistas, colectivos y organismos civiles, quienes coincidieron en que la postura oficial evade la magnitud del problema y limita cualquier posibilidad de solución. Voces clave señalaron que la descalificación del informe no atiende el fondo de una crisis que supera las 100 mil personas desaparecidas en el país.
Santiago Corcuera, expresidente del propio comité, calificó como “deplorable” la postura gubernamental y advirtió que desconocer el diagnóstico internacional sólo agrava el escenario. “Enojarse con el doctor que te dé el diagnóstico no te va a curar”, afirmó en entrevista de radio, al subrayar que la negación impide construir respuestas efectivas.
- El Tip: Los crímenes de lesa humanidad son actos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Desde su perspectiva, la respuesta oficial del Gobierno carece de sustento jurídico, ya que la definición de desaparición forzada no depende de la CED, sino de instrumentos internacionales adoptados por la comunidad global.
El especialista recordó que el Estatuto de Roma reconoce este delito como crimen de lesa humanidad, incluso si involucra actores no estatales, lo que justifica su inclusión en el análisis sobre México.
A esa crítica se sumó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que consideró “insuficiente y preocupante” la reacción de las autoridades. La organización afirmó que la respuesta oficial “no está a la altura de la crisis” y reproduce una práctica reiterada de descalificación frente a evaluaciones internacionales.
El organismo sostuvo que desacreditar el informe desvía la atención del problema central. “La disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido en México”, puntualizó.
Además, el Centro Prodh vinculó esta postura con un patrón estructural que ha frenado soluciones de fondo. Señaló que negar la dimensión del fenómeno ha limitado la capacidad institucional para responder con eficacia, lo que ha prolongado la crisis y profundizado el impacto en miles de familias. En ese contexto, la organización destacó que la activación del artículo 34 de la Convención por parte del CED —un mecanismo inédito— refleja la gravedad del caso mexicano.
México Unido contra la Delincuencia (MUCD) también cuestionó la reacción oficial. La organización calificó como “sin precedentes” la intervención del Comité y advirtió que el rechazo gubernamental implica desaprovechar una oportunidad histórica para atender el fenómeno con apoyo internacional, tanto en investigación como en fortalecimiento de capacidades institucionales.
En ese sentido, enfatizó la dimensión humana detrás de las cifras. “Cada historia de desaparecidos merece atención, memoria, verdad y justicia; negar la crisis no ayuda a resolverla”, expresó en su posicionamiento, al tiempo que pidió apertura institucional para colaborar con los mecanismos internacionales.
La organización también llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a las autoridades federales a asumir una postura constructiva frente al proceso internacional, con el objetivo de garantizar acompañamiento técnico, financiamiento, así como asesoría especializada en tareas de búsqueda, identificación forense e investigación de los casos.
Desde la academia, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana coincidió en que la descalificación del informe no modifica la realidad. Advirtió que la impunidad en estos casos supera 99 por ciento y que más de 132 mil personas siguen desaparecidas en el país.
Además, la Ibero señaló que negar la realidad o desacreditar los hallazgos técnicos no elimina la impunidad ni los sufrimientos de las familias que buscan a sus seres queridos.
“Denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debe adoptar”, afirmó la institución.
El programa de derechos humanos recordó que el Estado mexicano es parte voluntaria de tratados internacionales y que la soberanía se ejerce cumpliendo estas obligaciones, no desacreditando recomendaciones de organismos internacionales.
Sobre los avances normativos señalados por el Gobierno de Méxcio, la universidad enfatizó que la voluntad del Estado se mide por la interrupción efectiva de las violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia, no por la creación de nuevos marcos legales.
“Mientras las cifras de personas desaparecidas continúen aumentando y la impunidad supere el 99 por ciento, cualquier reforma normativa resulta insuficiente en la práctica”, apuntó.
El informe del CED no ignora los esfuerzos del Gobierno federal, pero señala que estos no han logrado revertir la crisis estructural, señaló.
Además, el rechazo oficial sobre la participación de agentes estatales en las desapariciones ignora documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil.
La ibero recordó que la responsabilidad internacional del Estado no sólo surge por acción directa, sino también por omisión frente al riesgo conocido o cuando la estructura estatal es incapaz de investigar al crimen organizado.
La institución también destacó la falla sistemática en herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses, que acumula más de 83 mil cuerpos y restos no identificados, como prueba del colapso institucional. Calificar el informe del CED como un fallo de rigor diagnóstico constituye, según la Iber, una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias.
Finalmente, el Programa de Derechos Humanos llamó al Gobierno de México para que “abandone la actitud defensiva y reconozca la magnitud de la crisis. Acepte la asistencia técnica internacional propuesta por el CED. Establezca un diálogo genuino con familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para generar estrategias y propuestas de atención a las desapariciones”.
“La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. La opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para enfrentar una de las crisis humanitarias más dolorosas de la historia reciente del país”, concluyó la institución.
Las críticas también retomaron el papel de los colectivos de búsqueda, quienes durante años han documentado fallas en los mecanismos institucionales, rezagos en servicios forenses y altos niveles de impunidad. Para estos grupos, el reconocimiento del problema constituye un paso indispensable para avanzar hacia soluciones estructurales.
Corcuera coincidió con ese diagnóstico al destacar la relevancia del trabajo de las personas buscadoras y colectivos en la visibilización del fenómeno. “Este logro se le debe cien por ciento a las familias de las personas desaparecidas”, afirmó, al referirse al impulso que permitió llevar el caso mexicano a instancias internacionales.
Urgen al Estado a atender observaciones de la ONU
› Por Claudia Arellano
LA ORGANIZACIÓN Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión histórica del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de poner a consideración urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación de desapariciones en México, y expresó su preocupación por la descalificación del Gobierno mexicano frente a esta determinación.
En ese contexto, subrayó que reconocer avances institucionales no exime al Estado de atender las observaciones de organismos internacionales ni de mantener la cooperación con ellos, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de las acciones.
- El Dato: Amnistía recordó que las desapariciones en el país son una crisis humanitaria que afecta directamente a más de 132 mil familias.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el comité reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas concretas para enfrentarla. Entre ellas, destacó la implementación de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las tareas de búsqueda, el análisis forense y las investigaciones sobre desapariciones forzadas, incluyendo posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Asimismo, planteó la necesidad de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y brindar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y personas defensoras que las acompañan en estas labores.
Amnistía consideró que la resolución del comité representa una oportunidad clave para que el Estado mexicano atienda de manera efectiva la crisis de desapariciones. Por ello, hizo un llamado a las autoridades a aceptar la cooperación técnica internacional, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y reafirmar el compromiso del país con los derechos de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
Ante la magnitud de la crisis, el Comité de la ONU anunció que activaría por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, con el objetivo de analizar si en México estas desapariciones se presentan de manera sistemática o generalizada.
En su informe sobre el país, este orgnanismo reconoció algunos esfuerzos del Estado mexicano para atender el problema, pero concluyó que han sido insuficientes, y que las autoridades siguen rebasadas por la magnitud del fenómeno, por lo que se requieren cambios estructurales para prevenirlo y abordarlo eficazmente.
