Y llamó la atención ayer el diferendo que inició entre las Naciones Unidas y nuestro país, a raíz de la inédita invocación de un artículo de la Convención Internacional para hacer que el caso de las desapariciones forzadas en México escale a la Asamblea General y se activen mecanismos de ayuda, algo que rechazó el Gobierno federal, que vio un ánimo “tendencioso” en esta medida. Entre los argumentos del lado mexicano destacó el del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa, quien, a través de un hilo en su cuenta de X, defendió la postura mexicana. Ahí señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU “se excedió” en sus atribuciones al basar sus decisiones en un informe “con falta de rigor jurídico”. Recordó que el Gobierno nunca ha negado la crisis y menos se ha negado a cooperar tanto con otros países como con agencias de la propia ONU. También pidió al organismo internacional no olvidar que México ya ha trabajado “inmensamente” con el Comité. “Fuimos el primer país en aceptar una visita in situ en 2021 y hemos respondido a todas sus solicitudes de información”, reclamó.
