La diputada federal del PRI, Abigail Arredondo Ramos, urgió a fortalecer la coordinación nacional para la búsqueda de mujeres desaparecidas y propuso homologar la aplicación del Protocolo Alba en todo el país, con el fin de evitar retrasos y deficiencias en su activación.
La legisladora presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a coordinarse con las 32 entidades federativas y establecer procedimientos, plazos y criterios uniformes para la activación del protocolo, mecanismo destinado a la búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.
- El dato: El Protocolo Alba es un mecanismo que permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, para la localización de mujeres con reporte de extravío.
“La falta de uniformidad en los procedimientos y la adopción de criterios particulares por cada entidad puede desvirtuar el propósito del protocolo y convertirlo en un mecanismo poco efectivo”, advirtió.
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La diputada destacó que esta situación resulta especialmente preocupante ante el incremento de casos de desaparición de mujeres en los últimos años, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y contar con protocolos que respondan de manera inmediata y con perspectiva de género.
La congresista priista explicó que actualmente existen diferencias en los tiempos y criterios para activar el protocolo en diversas entidades. Por ejemplo, en Tabasco primero se emite una prealerta con difusión de la ficha de búsqueda durante las primeras 24 horas y posteriormente se activa el protocolo. En Querétaro, la alerta se activa tras una búsqueda preliminar mediante cámaras de seguridad y revisiones en lugares frecuentados por la persona desaparecida.
En estados como Quintana Roo y Sinaloa, detalló, se establecen plazos de 48 horas para la primera fase y 36 horas para la segunda, cuando generalmente ambas etapas deberían desarrollarse dentro de un periodo de entre 24 y 72 horas.
Asimismo, informó que, de acuerdo con el informe presentado por el Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en noviembre de 2024, el Protocolo Alba no ha sido implementado en Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca. En este último estado, incluso se creó un mecanismo alterno denominado Alerta Rosa.
La legisladora también señaló que algunas entidades carecen de Comités Técnicos que permitan la aplicación del protocolo, como ocurre en Durango y Puebla, mientras que en Zacatecas el mecanismo opera únicamente como complemento de otro sistema de búsqueda.
También desde San Lázaro, la diputada federal del PAN, Noemí Luna, afirmó que la persona propuesta por el Gobierno para ocupar la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, inició “con el pie izquierdo”, luego de negar la crisis de personas desaparecidas señalada por organismos internacionales.
A través de un pronunciamiento, la legisladora panista señaló que el funcionario, cuya ratificación aún está pendiente en el Senado de la República, ha mostrado una postura preocupante frente a la problemática de desapariciones en el país.
“Quien encabezará la diplomacia mexicana y la negociación del T-MEC no ha mostrado tolerancia ni capacidad de diálogo en casa”, expresó Luna Ayala.
La diputada agregó que resulta inquietante que el responsable de conducir la política exterior del país y participar en negociaciones clave, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, adopte una posición que niegue una problemática señalada por instancias internacionales.
Asimismo, la legisladora manifestó su expectativa de que el funcionario haya evolucionado en su postura política.
“Ojalá su activismo y sesgos partidistas hayan madurado”, puntualizó.
Rechazan reporte de la ONU en desapariciones
› Por Claudia Arellano
LA SENADORA Laura Itzel Castillo Juárez señaló que la falta de rigor del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría abrir la puerta a intereses injerencistas, en lugar de contribuir a la cooperación internacional y al fortalecimiento institucional en favor de las víctimas.
La legisladora consideró que esta situación se refleja en el propio informe del Comité, el cual, dijo, reconoce que no encontró indicios de una política de Estado de desaparición forzada en México, pero aun así decidió solicitar que la situación del país sea llevada a la Asamblea General de la ONU.
- El Tip: El comité Contra las Desapariciones Forzadas supervisa el cumplimiento de la Convención para la Protección de Todas las Personas.
Castillo Juárez sostuvo que el documento omitió avances e información actualizada presentada recientemente por el Gobierno de México, relacionada con las acciones emprendidas para atender el problema de las desapariciones y fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación.
A pesar de ello, el Comité planteó escalar el tema al máximo órgano deliberativo del organismo internacional, lo que, a juicio de la senadora, no contribuye a un clima de cooperación entre el Estado mexicano y las instancias multilaterales.
La legisladora también contrastó la postura del sistema de la ONU frente al caso mexicano con la respuesta del organismo ante otras crisis internacionales, particularmente la situación en Palestina, donde, afirmó, se han observado procesos más lentos y omisiones frente a tragedias de gran magnitud.
Finalmente, Castillo Juárez insistió en la necesidad de que los organismos internacionales actúen con mayor objetividad y equilibrio, priorizando la cooperación con los Estados y el acompañamiento efectivo a las víctimas.
