La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, advirtió sobre los riesgos operativos y la complejidad logística de realizar de manera concurrente la elección judicial con los comicios federales de 2027, y sostuvo que este esquema no generaría ahorros presupuestales, sino un incremento en los costos.
Al participar en el Foro Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México, organizado por la Comisión de Justicia del Senado, López Vences explicó que el análisis técnico del INE indica que la concurrencia de ambos procesos implica sumar gastos.
“En efecto, no hay un ahorro, lo que estaríamos haciendo solamente sería juntar estas elecciones con cada uno de los costos que ya tienen de por sí”, señaló.
Detalló que, mientras la elección del Poder Ejecutivo requirió más de 8 mil millones de pesos y la del Poder Judicial alrededor de 6 mil millones, una proyección conjunta podría alcanzar “15 mil millones en este momento”.
La consejera subrayó que la organización simultánea obliga a duplicar tareas clave como la capacitación, la supervisión electoral y la logística territorial. “Ese es el costo más grande de la elección, porque son personas que son contratadas de manera temporal para hacer este trabajo y ese es uno de los costos más grandes que se tiene”, indicó.
También alertó sobre limitaciones en la impresión de boletas electorales, debido a la capacidad instalada de las empresas especializadas. “No hay muchas empresas que se dediquen a realizar la impresión de boletas, podría llegar un momento en que digan: ya se agotó el número de boletas que cada empresa podría realizar”, advirtió.
En cuanto a la operación en campo, explicó que los modelos de votación de ambas elecciones son distintos, lo que dificulta su integración en una sola casilla. “Son flujos diferentes, se requeriría capacitación distinta y eso nos implica duplicar el número de capacitadores y supervisión electoral”, dijo.
Ante este panorama, recordó que la integración anterior del Consejo General del INE había coincidido en la conveniencia de posponer la elección judicial, previo a la llegada de los tres nuevos consejeros. “Una de las cosas en las que las 11 consejerías coincidíamos era la necesidad de aplazar esta elección por la complejidad”, afirmó.
En el mismo foro, el especialista Jorge Sepúlveda advirtió que la concurrencia electoral también impacta en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al señalar la pérdida de personal judicial capacitado.
“Hay que volver a preparar a todos los jueces para que estén listos para esta transición”, afirmó, y consideró que incluso aplazar su entrada en vigor hasta 2030 podría resultar insuficiente.
Añadió que la experiencia reciente muestra el impacto de estos procesos en el capital humano: “Se perdió el 60 por ciento de los juzgadores que ya estaban capacitados para el nuevo modelo de implementación”.
Por su parte, el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, consideró que la información técnica presentada confirma que “el escenario de riesgo operativo es mayúsculo y poco el ahorro”, y llamó a profundizar el análisis antes de tomar una decisión.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT