La reforma electoral conocida como Plan B entró en su fase de implementación: tras ser declarada constitucional el 14 de abril y su publicación el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se cuenta con menos de seis semanas para transformar en realidad los cambios que rediseñarán el mapa presupuestal y administrativo de los estados, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio Senado de la República. El plazo vence el 30 de mayo y el avance es, hasta ahora, desigual.
- El Tip: En el caso de Durango se estima que los ajustes sólo afecten a la capital, que cuenta con 17 regidores, por lo que al quedar en 15 se ahorrarían 4 millones de pesos al año.
La enmienda impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo modificó los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, y obliga a los congresos estatales a armonizar su marco jurídico en poco más de cinco semanas. En el mismo lapso, el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLE) deberán adecuar sus normas internas y previsiones presupuestales.
En el INE, la adición al artículo 134 constitucional prohíbe a los funcionarios electorales contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro fuera de lo previsto en la ley. La medida impactará directamente a los más de 18 mil trabajadores del organismo.
Rigoberta Menchú, consejera en la SRE
- 277 plazas del INE sufrirían un ajuste salarial
Un análisis de la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto estima que la reducción salarial alcanzaría a 277 plazas, desde consejerías hasta subdirecciones, y generaría un ajuste anual en la nómina de 94.1 millones de pesos. No obstante, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, advirtió al Senado que la eliminación de los bonos electorales, equivalentes a dos meses de sueldo y diseñados para compensar jornadas extendidas durante los comicios, podría tener un efecto inverso: sin ese esquema, el INE estaría obligado a cubrir horas extra conforme a la ley, lo que elevaría el gasto hasta en mil 700 millones de pesos.
El politólogo y analista Édgar Ortiz, advirtió en entrevista con La Razón que, más allá del impacto presupuestal, existe un riesgo operativo de fondo: la posible salida de perfiles con experiencia acumulada en organización electoral. El experto alertó que la reducción de prestaciones podría incentivar la renuncia de cuadros técnicos clave, debilitando áreas estratégicas del instituto.
“El problema no se limita a cuánto se logra ahorrar o cuánto se deja de gastar, sino a las capacidades institucionales que pueden erosionarse en el proceso. Si los ajustes derivan en la salida de personal capacitado o en el debilitamiento de áreas técnicas, no sólo se pierde experiencia acumulada, sino que también se compromete la calidad, la continuidad y la certeza de los procedimientos, con efectos que pueden ser más costosos a largo plazo que el propio ahorro presupuestal”, señaló.
Aunque el Plan B establece la obligación de reducir el presupuesto del Senado en un 15 por ciento de manera gradual en cuatro años, comenzando en 2027, hasta ahora no existe una ruta clara ni un desglose técnico sobre cómo se aplicará ese recorte en la práctica.No se ha detallado si implicará recortes en servicios personales, eliminación de prestaciones, ajustes en estructura o disminución de gasto corriente.
En los municipios, las regidurías deberán reducirse a un máximo de 15, más una sindicatura. En materia presupuestal, los congresos locales no podrán destinar más del 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad a su propio funcionamiento, lo que en conjunto significará una pérdida de más de cuatro mil 300 millones de pesos para el conjunto de las legislaturas estatales.
Aunque algunos congresos ya iniciaron el proceso de armonización, el avance es heterogéneo. El Estado de México, por ejemplo, apenas presentó su iniciativa este miércoles, por parte de las bancadas de Morena, PT y PVEM.
Otros congresos, como los de Guanajuato y Durango, analizan las modificaciones en materia electoral, ante la implementación del Plan B, con el objetivo de cumplir con el plazo legal establecido para el próximo 30 de mayo.
Al respecto, Ortiz advierte que la reforma abre un amplio margen de discrecionalidad, tanto en el Senado como en los congresos locales, al no delimitar con claridad qué áreas deben asumir los recortes, lo que deja en manos de los legisladores decisiones clave sobre la redistribución del gasto. En ese contexto, anticipa un escenario de definiciones políticas más que técnicas.
“Habrá que ver en qué rubros concentran los ajustes, si optan por reducir percepciones de manera general, adelgazar equipos de apoyo legislativo o impactar funciones estratégicas con que cuentan, como en el caso de los congresos locales, como las áreas de auditoría”, refirió el especialista.
Además, señala que esta falta de precisión podría derivar en criterios dispares entre estados, generando un mosaico de ajustes sin una lógica uniforme y con posibles impactos desiguales en la calidad del control institucional.
Lo que se aprobó
La reforma electoral de la mandataria incluye modificaciones a la Carta Magna y quedan pendientes cambios a leyes secundarias.
REFORMA CONSTITUCIONAL
- Municipios: Reduce a entre 7 y 15 las regidurías y limita a 1 sindicatura por ayuntamiento.
- Congresos locales: Tope del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad.
- INE, tribunales y OPLE: consejeros, magistrados y funcionarios no podrán ganar más que la Presidenta; les quitan bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.
- Senado: Reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%.
REFORMA LEGAL (Legipe y LGPP)
- Tope a remuneraciones del INE, OPLE y tribunales locales.
- Inicio de cómputos en las elecciones federales y locales al llegar el primer paquete.
- Convenios con diversas autoridades y uso de tecnologías para fiscalización.
- Obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos.
- Obligación de partidos de reportar operaciones financieras en tiempo real.
- Prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable, del extranjero y aportaciones en efectivo.
