Grupos delictivos organizados captan en México a niñas y niños desde los seis años mediante redes sociales, videojuegos y vínculos familiares, de acuerdo con el Informe Anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Datos de la organización continental estiman que alrededor de 30 mil menores participan de forma directa en organizaciones criminales, y que más de 200 mil enfrentan condiciones de vulnerabilidad frente al reclutamiento.
El informe ubica el reclutamiento de menores como una de las expresiones más graves del control criminal en México. Señala que este fenómeno priva a las personas, “especialmente a niñas, niños y jóvenes”, de su libertad y de su derecho a decidir sobre su propia vida, dentro de un contexto donde las organizaciones delictivas ejercen control social y territorial.
- El Dato: El Senado recibió en marzo, de la Cámara de Diputados, la minuta que endurece las sanciones en materia del delito de corrupción de menores y la turnó a comisiones.
Jordan Vladimir Tello Ibarra, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Nayarit, plantea que cuando la víctima es menor de edad el reclutamiento debe considerarse siempre forzoso. El experto sostiene que niñas, niños y adolescentes no pueden otorgar un consentimiento libre e informado para integrarse a una organización criminal.
El informe también advierte que la ausencia de violencia física no elimina el carácter forzado del reclutamiento. En el caso de menores de edad, la coerción puede aparecer bajo formas económicas, simbólicas, familiares o psicológicas, aun cuando no exista una agresión directa durante la captación inicial.
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes puede ocurrir por engaño, amenazas, falsas ofertas de empleo o secuestro. El documento describe que las víctimas pueden quedar retenidas en campamentos, casas de seguridad o centros de adiestramiento, donde reciben instrucción para cumplir tareas dentro de grupos delictivos.
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Tello Ibarra plantea una categoría especialmente relevante para explicar la incorporación de menores. La denomina “reclutamiento contextualizado”, y se refiere a niñas, niños y jóvenes que crecen en entornos donde la delincuencia organizada sustituye funciones familiares, comunitarias o educativas. En esos espacios, los referentes criminales moldean la conducta, la percepción del mundo y la idea de pertenencia.
En el caso mexicano, el documento señala que la participación de adolescentes en el crimen organizado no siempre ocurre por secuestro. También puede derivar de amenazas contra sus familias, falta de opciones laborales o influencias culturales que glorifican la figura del criminal.
Bajo ese esquema, el experto sostiene que los menores no sólo aprenden técnicas o estrategias delictivas, sino que interiorizan una estructura de valores donde la violencia, la impunidad y la subordinación a la autoridad criminal se vuelven normales. Esa socialización diluye la frontera entre el daño y la pertenencia al grupo.
Testimonios analizados por la CNDH demuestran la corta edad en la que algunos menores dijeron haber iniciado su participación en grupos de la delincuencia organizada. La mayoría ingresó al mundo del crimen entre los 12 y 14 años, dato que Tello Ibarra vincula con el aprovechamiento deliberado de la vulnerabilidad, la incertidumbre, la inmadurez y la alta influencia que puede ejercerse sobre niñas, niños y adolescentes.
El informe de la CIDH también apunta hacia el papel del entorno familiar. Algunos adolescentes dijeron haber crecido en familias que ya formaban parte de grupos criminales, por lo que la pertenencia a esas estructuras aparece para ellos como un destino o un curso de vida “natural”, no como una decisión plenamente libre.
Tello Ibarra añade que algunos cárteles han usado campañas abiertas de reclutamiento, entre ellas, volantes o falsos anuncios de empleo. En ese contexto, advierte que las organizaciones delictivas aprovechan la vulnerabilidad psicológica propia de la adolescencia y la legislación penal juvenil, que contempla sanciones más leves para menores de edad.
El experto concluye que muchos jóvenes reclutados no pueden abandonar esas estructuras por amenazas contra sus familias. Esa presión los mantiene dentro de un ciclo de violencia y coerción que dificulta la salida y refuerza el control de las organizaciones criminales sobre ellos.
Dentro del diagnóstico sobre México, la CIDH ubica el reclutamiento infantil entre las afectaciones más graves contra las infancias. El organismo no lo presenta como un hecho aislado, sino como una práctica persistente de grupos delictivos organizados, con mecanismos que combinan vulnerabilidad social y oportunidad criminal.
Tello advierte un vacío de información actualizada. La revisión menciona que el observatorio contra el reclutamiento de la Secretaría de Seguridad tuvo su actualización más reciente en mayo de 2021, pese a que organismos internacionales han aportado diagnósticos sobre la vulnerabilidad infantil y juvenil frente al crimen.
