La Fiscalía General de la República (FGR) informó que llevó a cabo la destrucción de 430 mil cigarrillos ilegales, 300 máquinas tragamonedas y más de 104 kilos de drogas en Aguascalientes.
Durante la jornada, también fueron destruidas 9 mil 420 unidades de psicotrópicos y 16 mililitros de sustancias similares. Asimismo, fueron destrozados 107 objetos diversos, armas hechizas y maletas.
De acuerdo con la FGR, los cigarros ilegales fueron destruidos en el municipio de Tepezalá, mientras que los narcóticos quedaron inutilizados en el Campo de Tiro Esparta, ubicado en Jesús María. En tanto, las máquinas tragamonedas terminaron en una empresa procesadora de materiales.
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Para el traslado y resguardo, la FGR contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.
FGR obtiene sentencia contra tres policías ministeriales por extorsión
En otras noticias, la FGR obtuvo sentencia condenatoria contra Mauricio “N”, Edwin “N” y Gonzalo “N”, policías federales ministeriales adscritos a la Fiscalía Federal en el Estado de México, por el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en el mercado El Piojo, ubicado en Santa María Totoltepec, Estado de México, donde los tres policías federales ministeriales incurrieron en actos de extorsión mientras se desempeñaban como servidores públicos de la FGR.
El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, presentó las pruebas contra los tres agentes, con lo que la autoridad judicial acreditó su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada.
En el caso de Mauricio “N” y Edwin “N”, la autoridad judicial impuso una pena de cuatro años y tres meses de prisión. La sentencia también incluyó el pago de una multa, la destitución definitiva de sus cargos y una inhabilitación de cinco años para desempeñar funciones públicas.
Contra Gonzalo “N”, la autoridad judicial impuso cuatro años y dos meses de cárcel y una multa; además, los tres acusados recibieron la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Ante el fallo, la FGR afirmó que “no tolera conductas al margen de la Ley en las que incurran personas servidoras públicas de la institución” y sostuvo que buscará “sanciones ejemplares” contra quienes cometan este tipo de actos.
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