México llega al Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia con las mujeres trans en el centro de la violencia contra la población LGBTIQ+, con 35 asesinatos documentados por Letra S durante 2025.
Un informe del medio especializado señala que el año pasado se registraron 60 homicidios presuntamente asociados con la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. Del total, 35 correspondieron a mujeres trans, es decir, el 58.3 por ciento de los casos.
El registro del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT amplía el espectro de la violencia, con 97 asesinatos y 47 desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género documentados en 2024 en todo el país.

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México cuenta con una población LGBTI+ de al menos 5 millones de personas de 15 años y más, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dentro de ese universo, 909 mil personas declararon una identidad transgénero, transexual o de otro género no coincidente con el sexo asignado al nacer.
En 2024, 55 de los 80 homicidios documentados por la Letra S corresponden a mujeres trans; en 2023 fueron 43 de 66, y en 2022, 48 de 87. La tendencia muestra una agresión sostenida contra quienes enfrentan, al mismo tiempo, prejuicio, exclusión social y falta de protección efectiva.
El 17 de mayo no funciona sólo como una fecha simbólica del calendario internacional. Este año, el lema “En el corazón de la democracia”, difundido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), coloca la violencia contra la población LGBTQ+ dentro de una discusión más amplia sobre derechos, ciudadanía y acceso real a la protección del Estado.
La consigna parte de una premisa directa al sostener que una democracia no puede medirse sólo por sus procesos electorales, sino por la capacidad de garantizar que todas las personas vivan sin miedo, accedan a servicios de salud, ejerzan sus derechos y participen en la vida pública sin enfrentar agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Para la ONU, la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de otras diversidades no queda en el rechazo social. También abre barreras en la atención médica, limita el acceso a la justicia, expone a discursos de odio y reduce la posibilidad de denunciar agresiones sin temor a nuevos abusos.
En el caso de las personas trans, este déficit institucional adquiere un peso mayor, porque la violencia suele cruzar exclusión laboral, falta de reconocimiento legal, ataques en espacios públicos y riesgos letales que organizaciones civiles han documentado de forma constante en México.
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cehr

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