La reducción de homicidios dio a México su mayor avance desde que existe el Índice de Paz México (IPM), pero la mejora no alcanzó para borrar el costo de la violencia. En 2025, la factura económica ligada al crimen llegó a los cuatro billones de pesos, una cifra equivalente a 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Aunque el país mejoró 5.1 puntos porcentuales frente a 2024, y acumuló seis años consecutivos de recuperación en la medición, el costo de la violencia representó un gasto de 30 mil 36 pesos por persona, casi el doble del salario mensual promedio. El dato resume la tensión central del informe. México bajó los asesinatos, pero aún carga un nivel de daño económico, social e institucional que limita el alcance del avance.
El descenso más fuerte apareció en la tasa de homicidios, con una caída de 22.7 por ciento, equivalente a casi 7 mil asesinatos menos que el año anterior. Aun así, el país cerró el 2025 con más de 24 mil víctimas de homicidio, 35 mil personas desaparecidas y 12 mil casos sin localizar.
Estados adheridos al IMSS Bienestar registran crecimiento de consultas ofrecidas
La presión presupuestal también mostró el tamaño del desafío. El gasto federal para contener y responder a la violencia llegó a 728 mil millones de pesos, monto que representa 18.2 por ciento del impacto económico total. Sin embargo, el país destinó sólo 0.5 por ciento del PIB al sistema de justicia y seguridad pública, menos de una tercera parte del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubicado en 1.7 por ciento.
Michael Collins, director para las Américas del IEP, planteó que el resultado debe verse como una recuperación, no como un cierre del problema. “Ha mejorado la paz. Para consolidarla hará falta muchísima más inversión en materia de seguridad comunitaria y también de justicia”, afirmó.
Para los especialistas que presentaron el informe, este rezago en el gasto en seguridad representa una advertencia a considerar en la estrategia nacional, y es que si bien, la baja en los asesinatos ofrece una señal positiva, no garantiza una mejora sostenida si las instituciones encargadas de investigar, procesar y resolver delitos no tienen capacidad suficiente para responder a la violencia.
Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, colocó el foco en la fragilidad de las instituciones que deben sostener los avances. La especialista advirtió que la reducción de homicidios no basta si las fiscalías y los juzgados no dan certeza a las víctimas.
En ese punto, el diagnóstico fue directo. Las fiscalías aparecen hoy como el eslabón más débil para convertir la baja delictiva en justicia efectiva.
La académica sostuvo que el sistema judicial tiene una función clave para las familias que buscan respuestas. “El sistema de justicia cumple la tarea de estabilizar la verdad”, expresó al referirse a los casos de personas desaparecidas y a la falta de una respuesta institucional suficiente.
En el balance nacional, la mejora de 2025 tampoco devuelve al país al nivel registrado hace una década. La calificación del índice permanece 9.9 puntos porcentuales por debajo de 2015. En ese mismo periodo, los delitos cometidos con armas de fuego acumulan un deterioro de 41.2 por ciento y los crímenes de la delincuencia organizada duplicaron su nivel.
Para los especialistas, el cambio de tendencia en los homicidios convive con nuevas formas de presión criminal. Aunque los delitos de alto impacto ligados a grupos organizados tuvieron una baja, el narcomenudeo creció diez puntos en el último informe y se triplicó frente a los registros de hace diez años. La extorsión también mantuvo una ruta ascendente.
También cambió el tipo de violencia que afecta la vida diaria. La tasa nacional de delitos violentos creció 12.4 por ciento en una década, impulsada por un aumento de 176 por ciento en violencia sexual y de 107 por ciento en violencia familiar. Esta última se convirtió por primera vez en el delito violento más común del país, con cerca de 720 incidentes por cada 100 mil habitantes.
Otro dato marcó el contraste entre la baja de homicidios y el deterioro cotidiano. “La violencia familiar es ahora más frecuente que el robo”, señaló Collins al revisar las principales tendencias del informe. La frase sintetiza una de las alertas del índice. La violencia letal cedió, pero otras agresiones ganaron terreno dentro de los hogares y comunidades.
El miedo social también resistió a la mejora estadística. Lucía Carmina Jasso, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que 75.6 por ciento de la población todavía considera inseguro el estado donde vive. La percepción no sólo expresa temor, también altera decisiones familiares y económicas.
Jasso señaló que el miedo modifica rutinas básicas, como permitir que niñas y niños salgan a la calle, asistir a la escuela o destinar dinero a protecciones para la vivienda. La reducción de homicidios, explicó, no elimina de inmediato el impacto que dejan los episodios de violencia en la población.
En materia penitenciaria, el informe también registró una presión creciente. Durante 2025, la población carcelaria aumentó en más de 20 mil personas, un alza de 8.9 por ciento, hasta superar los 256 mil internos al cierre del año. Para Magaloni, ese dato responde a una estrategia federal que cambió frente a gobiernos anteriores.
Por esa razón, la especialista planteó que la política actual no descansa en el uso indiscriminado de la fuerza, sino en operativos focalizados contra personas identificadas como generadoras de violencia. “Estamos ante una estrategia organizada y que piensa que hay que detener y encarcelar”, dijo.
Los datos del sistema judicial muestran, sin embargo, un cuello de botella. El IEP advierte que México cuenta con alrededor de dos jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una séptima parte del promedio mundial. La brecha ayuda a explicar por qué el crecimiento de detenciones no necesariamente se traduce en verdad, sanción o reparación para las víctimas.
Con ese telón institucional, la mejora territorial también resultó desigual. Veintidós entidades avanzaron en sus niveles de paz y 10 retrocedieron. La diferencia entre estados volvió a mostrar que la baja nacional no borra los focos rojos ni las brechas entre regiones.
Detrás del promedio nacional, Sinaloa concentró la alerta más fuerte del reporte. La entidad tuvo el mayor deterioro del país y cayó nueve lugares en la medición, hasta quedar como el segundo estado menos pacífico, sólo detrás de Colima. El informe vinculó ese retroceso con el conflicto interno del Cártel de Sinaloa, que elevó los homicidios y los delitos cometidos con armas de fuego desde finales de 2024.
Al final de la tabla, Colima ocupó el último lugar nacional por cuarto año consecutivo. Aunque redujo sus asesinatos frente a años previos, mantuvo la tasa más alta del país, con 74 homicidios por cada 100 mil habitantes.
La distancia más amplia apareció en Yucatán, que conservó el primer lugar como la entidad más pacífica por noveno año seguido. Su tasa de homicidios llegó a 1.8 casos por cada 100 mil habitantes, diez veces menos que el promedio nacional. En la parte alta del índice también quedaron Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.
Zacatecas ofreció otro ángulo del informe. La entidad registró la mayor mejora por tercer año consecutivo, después de una reducción de 70.5 por ciento en su tasa de homicidios durante 2025. El estado reportó 151 asesinatos, frente a más de mil 600 en 2021.
Jasso pidió leer ese avance con cautela, porque la violencia deja marcas que no desaparecen al mismo ritmo que las cifras. “No es fácil, después de episodios de violencia, poder salir de esto. Se requiere muchísimo trabajo”, señaló.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL
