México alcanzó un récord de dos mil 226 menores de edad desaparecidos durante 2024, la cifra más alta desde que inició este registro, y que representa un aumento de 50 por ciento frente al reporte anterior. Esto quiere decir que cada cuatro horas, una niña, niño o adolescente entró a esa estadística, lo que equivale a un salón de primaria fuera de toda localización oficial cada semana de ese año.
A los datos del registro nacional se suma la fotografía del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que permite medir la crisis en el periodo más reciente. Su último informe documentó 53 mil 153 desapariciones de niñas, niños y adolescentes entre enero del 2018 y 2025. Del total, ocho mil 559 seguían sin localizar hasta el último corte informativo.
- El Dato: Las desapariciones comenzaron en el sexenio de Felipe Calderón, con mil 971 casos entre 2007 y 2012, y continuaron en el de Enrique Peña, con 4 mil 98 reportes.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ubica 118 mil 690 personas de cero a 17 años con reporte de desaparición o no localización desde el inicio del registro nacional. La mayoría tuvo algún desenlace, pero 18 mil 275 niñas, niños y adolescentes seguían sin aparecer al corte de septiembre del año pasado.
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Cada desaparición de una niña, un niño o un adolescente activa una obligación legal precisa. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas ordena abrir la carpeta de investigación, iniciar la búsqueda de inmediato y aplicar medidas de localización especializadas por tratarse de una persona menor de 18 años.
La misma norma exige que las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) respondan al interés superior de la niñez. Ese mandato impide tratar estos casos bajo los tiempos ordinarios de una investigación penal, porque la edad de la víctima obliga a una reacción reforzada desde la primera hora.
Esa obligación no siempre llega al terreno con la misma fuerza. Los estudios sobre Alerta Amber y búsqueda diferenciada muestran que la respuesta inicial puede perderse entre clasificaciones imprecisas, errores de identificación, retrasos en la difusión de fichas y expedientes tratados como ausencias comunes.
Desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la académica Xóchitl Guadalupe Rangel Romero ha revisado el principio diferenciado en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Su análisis subraya que el Estado debe actuar bajo el interés superior de la niñez y usar protocolos diseñados para esta población, no rutas pensadas para personas adultas.
Óscar Misael Hernández, doctor en Antropología Social y profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte, analizó fichas de Alerta Amber difundidas en siete años. Su revisión plantea que las primeras horas suelen moverse en una zona gris, porque la autoridad aún no cuenta con elementos suficientes para saber si la ausencia está vinculada con un delito o si corresponde a una no localización.
Según el investigador, esa duda administrativa puede debilitar la búsqueda cuando la autoridad espera más elementos antes de activar todos los recursos disponibles. El riesgo para la víctima, sin embargo, no cambia por la forma en que se nombre el caso. Mientras se define la clasificación, pueden perderse testimonios, rutas, imágenes de cámaras y posibilidades de localización temprana. En su muestra, cuatro de cada 10 menores permanecían desaparecidos o no localizados, y entre quienes fueron localizados también hubo casos sin vida.
Pero localizar a una persona menor de edad tampoco cierra toda la historia. Por cada 100 niñas, niños y adolescentes localizados, uno apareció sin vida, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Aunque 84.6 por ciento de los casos acumulados cuenta con ubicación, el registro muestra que, hasta septiembre del año pasado, mil 143 menores de edad con reporte de desaparición se hallaron muertos.
Los casos aún abiertos equivalen a más de 600 grupos escolares de 30 alumnos desaparecidos en México, una dimensión que traslada la búsqueda de la pantalla del celular a fiscalías, hospitales, servicios forenses y oficinas donde las familias luchan por empujar diligencias.
Siete de cada 10 expedientes vigentes corresponden a personas de 12 a 17 años, con 13 mil 211 casos que aún siguen abiertos. El registro llega a niñas y niños desde el primer año de vida, pero el salto aparece al llegar a la secundaria y al bachillerato, cuando la desaparición golpea más.
Niñas y adolescentes no sólo son mayoría en la desaparición infantil; también cargan el mayor volumen histórico del registro. De los 118 mil 690 reportes acumulados de personas de cero a 17 años, 79 mil 187 corresponden a mujeres, es decir, dos de cada tres casos. De hecho, a nivel nacional, tres de cada 10 mujeres desaparecidas o no localizadas son menores de edad.
La mayoría femenina aparece entre los expedientes que siguen sin cerrarse. Al corte de septiembre de 2025, nueve mil 366 niñas y adolescentes continuaban desaparecidas o no localizadas, frente a ocho mil 876 niños y adolescentes hombres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trazó una fotografía similar al calcular 18 mil 192 menores de edad desaparecidas en México hasta agosto del año pasado.
Emanuela Borzacchiello, antropóloga especialista en violencias feminicidas, ha analizado la desaparición intermitente en niñas y adolescentes de zonas metropolitanas del país lo que muestra que algunas regresan después de días, pero vuelven a desaparecer. Este regreso puede hacer que una carpeta de investigación se cierre sin revisar qué ocurrió. En esos silencios, dice, pueden quedar ocultas violencias: “Volver a casa, en esos casos, no siempre significa quedar fuera de peligro”.
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