En México, las mujeres dedican casi 40 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y comunitario, más del doble que los hombres. Esa carga, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mide como trabajo no remunerado, también funciona como la red invisible que sostiene a familias atravesadas por la violencia armada: hogares que huyen, niñas y niños que cambian de escuela, personas heridas que requieren atención, deudas que llegan después de un funeral y mujeres que deben reconstruir una vida rota por amenazas, homicidios o desplazamiento.
La violencia armada contra mujeres ya no puede leerse sólo como una extensión del feminicidio íntimo. Estudios de Intersecta, Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos advierten que las armas reconfiguraron las agresiones contra ellas: en promedio, seis de cada 10 asesinadas en México murieron por disparos, mientras miles reportaron agresiones con armas de fuego en espacios comunitarios, familiares, escolares y laborales.
- El Dato: entre enero y abril de este año se han registrado víctimas de 208 feminicidios y 532 casos de homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo.
Una segunda línea de investigación apunta al peso de la estrategia de seguridad. Laura Atuesta y Estefanía Vela Barba plantean en “Las dos guerras” que los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y grupos delictivos detonaron homicidios de hombres y también de mujeres a nivel municipal. Esa lectura desplaza el problema del ámbito privado al mapa nacional de la violencia criminal y militarizada.
La investigadora Elyde Jiménez Valdez planteó que la expansión del narcotráfico y la proliferación de armas de fuego modificaron la forma en que las mujeres mueren en los estados más golpeados por la violencia criminal. La autora advirtió que el tráfico ilegal de armas elevó la letalidad de las agresiones y desplazó parte de los asesinatos de mujeres hacia escenarios asociados con disputas armadas, control territorial y presencia de grupos delictivos.
El hogar tampoco queda fuera del mapa de riesgo. Un estudio publicado en Injury Epidemiology encontró que, entre 2015 y 2022, las tasas de muertes por arma de fuego crecieron proporcionalmente más entre mujeres que entre hombres, y que una de cada cuatro muertes femeninas por disparo ocurrió dentro de una vivienda. Ese dato permite mostrar que la violencia armada atraviesa la calle, pero también entra a la casa.
- 26 mil víctimas mujeres de lesiones dolosas se registran en 2026
Jiménez Valdez advirtió que la violencia contra las mujeres no puede leerse sólo desde el ámbito doméstico, sino también dentro de los efectos de una estrategia de seguridad que dejó más armas, más riesgo y mayor exposición para la población civil.
El costo silencioso de la violencia no aparece completo en los reportes de seguridad. Las cifras oficiales cuentan homicidios, armas aseguradas y carpetas abiertas; con menor precisión miden quién cuida al sobreviviente, quién busca renta en otra ciudad, quién vende pertenencias para salir de una comunidad tomada por grupos criminales o quién absorbe la crianza cuando falta una persona adulta en casa. En 2024, México registró 33 mil 241 homicidios, y 71.8 por ciento se cometió con arma de fuego, de acuerdo con el Inegi. La tasa fue de 5.6 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
La académica Alethia Montalvo González, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), analizó las prácticas de cuidado de mujeres desplazadas por violencia. Su investigación, basada en entrevistas y trabajo de campo en albergues de Tijuana, planteó que cuidar no se reduce a alimentar, acompañar o limpiar. En contextos de huida, también significa elegir rutas, juntar dinero, proteger documentos, medir riesgos, activar redes familiares y decidir qué parte de la vida puede salvarse.
Violeta, una de las mujeres entrevistadas para este estudio, salió de Zamora, Michoacán, con sus hijos, tras recibir amenazas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En pocos días vendió y regaló pertenencias, pidió apoyo familiar, dejó su empleo y buscó proteger a uno de sus hijos, a quien temía dejar atrás.
En territorios con disputa criminal, el riesgo para las mujeres no siempre nace de una decisión propia. También puede venir de sus vínculos. Parejas, exparejas, madres, hijas o hermanas de hombres ligados a un grupo quedan expuestas por asociación, amenaza o venganza. La violencia de las organizaciones delictivas se extiende al círculo afectivo de sus rivales y convierte el cuerpo de las mujeres en mensaje, castigo o presión. Esa lógica no sustituye a la violencia machista previa; la agrava con armas, control territorial e impunidad.
La investigadora Luciana Ramos Lira documentó e identificó relaciones directas entre crimen organizado y violencia contra las mujeres. El estudio registró casos de mujeres usadas para tareas logísticas, presiones para involucrarlas en actividades ilícitas, desapariciones, prostitución forzada y asesinatos con saña en zonas de competencia entre bandas. También señaló que los familiares a veces no denuncian por temor a que las víctimas queden asociadas con el narcotráfico.
Esa zona gris coloca a muchas mujeres en una doble trampa. Si viven con un hombre vinculado al crimen, pueden quedar bajo vigilancia del propio grupo; si ese hombre pertenece a una facción rival, pueden pasar a la lista de objetivos del enemigo. Si intentan salir, enfrentan amenazas; si permanecen, cargan el riesgo de la convivencia. En el estudio de Ramos Lira, una informante de la sociedad civil explicó que una mujer puede verse forzada a obedecer órdenes de una pareja involucrada en actividades delictivas, aunque no participe de forma directa.
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