Un grupo de trece presuntos narcotraficantes enviados a Estados Unidos busca regresar a México por la vía consular. Bajo el argumento de la soberanía, su defensa pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) intervenir para que sean juzgados en territorio nacional.
Con este argumento, la defensa busca revertir el traslado de 13 personas enviadas por México a Estados Unidos entre 2025 y 2026. Para el Gobierno federal, esos casos forman parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad, justicia y combate al crimen organizado.
Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México ha detenido a más de 50 mil personas vinculadas con delitos relacionados con la delincuencia organizada. La mandataria también afirmó que el Consejo Nacional de Seguridad avaló el envío de 92 requeridos por Estados Unidos con fines de extradición con el fin de desarticular redes de violencia que operaban incluso desde las cárceles.
Marco Antonio Avilés Huerta, abogado de los 13 presuntos narcotraficantes, acudió el miércoles 3 de junio a la Cancillería para pedir asistencia consular con el objetivo de revertir estas extradiciones. Su argumento central apunta a que los traslados no siguieron el debido proceso ni los procedimientos previstos en tratados internacionales.
Al salir de la SRE, el litigante señaló que el Gobierno federal no puede denunciar presiones externas y, al mismo tiempo, aceptar entregas sin garantizar la defensa de los acusados: “Estamos denunciando que el Gobierno mexicano permitió ese intervencionismo que ahora tanto alardean que no debemos permitir”.
La lista conocida incluye a presuntos integrantes o colaboradores de estructuras vinculadas con Los Zetas. Entre ellos figuran Juan Pedro Saldívar Farías, alias El Z-27; Jesús Alberto Galaviz Vega, alias El Z-13; Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias El Alfa Metro; y Ramiro Pérez Moreno, alias El Rama. Entre los señalados por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste aparecen Carlos Alberto Monsivais Treviño, alias La Bola, y Ricardo González Sauceda, alias El Ricky.
De acuerdo con el defensor Avilés Huerta, Relaciones Exteriores tiene margen para actuar porque no participó en la decisión operativa de trasladar a los detenidos. Avilés Huerta sostuvo que el caso corresponde ahora al ámbito consular, debido a que sus representados ya se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses.
La solicitud también apunta al trato jurídico que recibieron sus clientes frente a otros casos de mexicanos bajo investigaciones relacionadas con Estados Unidos, específicamente a los funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados por vínculos con el Cártel de Sinaloa. El litigante acusó una aplicación desigual del debido proceso y advirtió que acudirá al Poder Judicial si la SRE no responde o rechaza el planteamiento.
La ruta anunciada por el abogado contempla un amparo en México y, después, recursos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Prevén suspender clases y dar facilidades laborales
