El Gobierno de México no cederá en entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos, en tanto éste no presente las evidencias que justifiquen la solicitud de detención urgente con fines de extradición que presentó hace casi dos meses y en la que se incluyeron a otros nueve excolaboradores del gobierno estatal.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la solicitud de pruebas es una práctica común entre ambos países cuando se llegan a presentar este tipo de solicitudes y, en ese marco, señaló que si los indicios no son expuestos, entonces su gobierno puede negarse a la entrega del morenista, quien fue señalado de supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
- EL DATO: RUBÉN ROCHA, gobernador con licencia de Sinaloa, cumplió ayer 77 años en medio de lo que observadores consideran el momento de mayor aislamiento político de su trayectoria.
“Entonces es parte del procedimiento que se soliciten las pruebas. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía [General de la República (FGR)]”, explicó.
Sheinbaum entrega tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Río Grande, Zacatecas
En todo caso, también comentó que Estados Unidos podría recurrir a abrir un juicio de extradición, en el que, de todas formas, tendrá que presentar pruebas.
“Y Estados Unidos tiene otra opción que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición que también llevaría todo un procedimiento en donde también tendrían que entregar las pruebas suficientes”, dijo.
La mandataria recordó que, al recibirse la solicitud de la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores revisó el documento y lo remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que revisara el caso y determinó que no habría evidencias que resultaran suficientes.
Además, Sheinbaum Pardo comentó que cuando México ha pedido a Estados Unidos entregarle a personas señaladas de haber cometido algún delito dentro del territorio nacional, también se ha negado por falta de pruebas.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reafirmó que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales, sino que la protección está a cargo del gobierno estatal.
“Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad se las proporcionó. La escolta que él tiene no es del Gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios… tiene escolta del gobierno del estado, de la Policía Estatal o de la Fiscalía; desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad”, sostuvo.
Fue a finales de abril cuando el Departamento de Justicia estadounidense fincó señalamientos contra el gobernador y otros nueve funcionarios estatales y federales, a los que acusó de una presunta asociación delictuosa con grupos de la delincuencia organizada.
La acusación incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
También Alberto Jorge Contreras Núñez, Cholo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad; José Antonio Dionisio Hipólito, Tornado, comandante de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, Juanito, comandante de la Policía Municipal del mismo municipio.
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FGR
