Más de tres mil 300 máquinas tragamonedas fueron retiradas de tiendas, papelerías, farmacias y locales comerciales del Estado de México durante una operación que expuso dos dimensiones de un mismo problema. Los aparatos funcionan fuera del marco legal y, según investigaciones ministeriales, aportan recursos a grupos delictivos mientras acercan las apuestas a niñas, niños y adolescentes en espacios de convivencia cotidiana.
Detrás de cada equipo puede existir una estructura que combina extorsión, control territorial, endeudamiento y reclutamiento. Expedientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalan que integrantes de grupos criminales obligan a comerciantes a instalar estos dispositivos bajo amenazas de agresión o de impedirles continuar con sus actividades.
- El Dato: En operativos distintos, la FGR realizó ayer dos cateos: uno en Tulancingo, Hidalgo, donde aseguró 16 máquinas tragamonedas, y otro en Morelia, Michoacán, con 10 aparatos.
Una vez colocada la máquina, los responsables entregan al propietario una parte de las ganancias. Esa comisión permite presentar el acuerdo como un negocio regular, aunque la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe los aparatos que reciben dinero y ofrecen premios fuera de los supuestos autorizados por la Secretaría de Gobernación.
Quienes operan estas redes también identifican a usuarios que pierden recursos personales o familiares. La investigación documenta que algunos reciben préstamos para prolongar las partidas, acumulan adeudos y después enfrentan exigencias para vender drogas, cometer robos o vigilar movimientos de autoridades como forma de cubrir intereses.
- 3 mil 374 equipos fueron asegurados en el estado
Otro esquema consiste en ofrecer créditos “gota a gota” a jugadores que ya no pueden sostener las apuestas. Estas deudas alcanzan a jóvenes, amas de casa e incluso menores de edad. El compromiso económico se convierte así en una herramienta de presión que facilita el sometimiento de personas vulnerables.
Frente a ese entramado, las tragamonedas cumplen varias funciones. Producen efectivo, permiten vigilar comercios, amplían el dominio sobre zonas específicas y abren un canal de contacto con posibles colaboradores. Las autoridades las relacionan con indagatorias por homicidio, extorsión, secuestro, robo con violencia, trata de personas, narcomenudeo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según las autoridades, estos aparatos pueden servir como medio para delinquir o surgir como producto de otras actividades criminales. Sin embargo, la Operación Dos de Bastos no identificó públicamente a las organizaciones involucradas, el monto que recibió cada una ni el número de víctimas captadas mediante adeudos. Tampoco precisó cuántos comerciantes aceptaron los equipos después de recibir amenazas ni informó cuántas personas enfrentan cargos por esas conductas.
La facilidad de acceso agrava el riesgo para captar a menores y jóvenes. A diferencia de un casino, una tienda de barrio no exige identificación, impone límites de edad ni muestra advertencias. Un menor puede encontrar el dispositivo junto a dulces, útiles escolares, medicamentos o productos básicos y asumir que apostar forma parte de una actividad recreativa común.
Ese contacto cotidiano reduce la percepción de ilegalidad y normaliza una conducta basada en recompensas rápidas. La Organización Mundial de la Salud ubica las máquinas electrónicas entre los productos de juego con mayor capacidad de causar daños por la velocidad de las partidas, la repetición constante y los estímulos que invitan a intentar de nuevo.
Bajo la Clasificación Internacional de Enfermedades, el trastorno por juego implica pérdida de control, prioridad creciente sobre otras actividades y persistencia pese a consecuencias negativas. Sus efectos pueden aparecer antes de un diagnóstico e incluyen ansiedad, depresión, conflictos familiares, endeudamiento y desvío de recursos destinados a alimentación, educación, vivienda o atención médica.
Cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 mostraron una prevalencia de juego patológico de 0.3 por ciento entre personas de 12 a 65 años. En adolescentes alcanzó 0.4 por ciento, el nivel más alto de los grupos analizados.
Aquel estudio encontró que las tragamonedas registraron una prevalencia de uso de 11.8 por ciento. Entre adolescentes, la proporción aumentó 14.8 puntos porcentuales. El dato no significa que uno de cada cuatro jóvenes padezca ludopatía, pero confirma una exposición elevada y preferencia por un producto diseñado para ofrecer resultados inmediatos y mantener la participación.
Beatriz Lagos Yáñez, psicóloga con especialidad en adicciones, afirmó que la cercanía física de estas máquinas puede acelerar el aprendizaje de conductas de apuesta entre menores de edad antes de que comprendan sus consecuencias.
El peligro aumenta, dijo, cuando los equipos permanecen cerca de escuelas o centros de convivencia y cuando los adultos del entorno los aceptan como parte habitual del comercio local.
También existen impactos fuera del jugador. La OMS estima que cada persona con problemas graves de apuestas afecta en promedio a otras seis. Las pérdidas reducen el ingreso del hogar, alteran gastos esenciales, deterioran relaciones y trasladan las deudas a familiares que no participaron en las partidas.
Respecto de los decomisos, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la FGJEM aseguraron tres mil 374 mil equipos, una cifra que representa la mitad de todos los decomisos de este tipo de artefactos durante el presente sexenio. Los aparatos tenían un valor comercial estimado en 50 millones 610 mil pesos y contenían cerca de nueve millones de pesos.
Para Lagos Yáñez ningún operativo resolverá por sí solo un fenómeno que mezcla ilegalidad, salud pública y captación criminal. Le experta resalta que la prevención exige vigilancia en comercios, atención psicológica, campañas para familias y escuelas.
