El exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel quedó vinculado a proceso junto con otras siete personas por su presunta participación en la red de huachicol fiscal más grande detectada en el país. La audiencia, que duró 35 horas, concluyó con prisión preventiva oficiosa para cinco de los acusados, quienes permanecerán en el penal federal de El Altiplano.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que los datos aportados por la fiscalía permiten continuar el proceso penal contra Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén. La resolución llegó después de una diligencia que se extendió por casi un día y medio.
- El Dato: La investigación penal apunta a las operaciones de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., una compañía dedicada al sector energético e importación de hidrocarburos.
Ruffo Appel, Thompson Navarro y Merino Valdés Cuervo enfrentarán cargos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) los relaciona con operaciones irregulares para introducir, distribuir y comercializar derivados del petróleo por vías férreas.
Mientras que Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez quedaron sujetos a proceso por delincuencia organizada y contrabando. De la Peña Ramos, De la Peña Rosales y Bárcenas Guillén responderán por el primero de esos ilícitos, además de conductas vinculadas con el tráfico ilegal de combustibles.
Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal presentó los datos recabados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Las defensas habían solicitado la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la resolución llegó tras casi un día y medio de debate judicial.
A lo largo de las 35 horas, el Ministerio Público Federal expuso los datos recabados por la FEMDO y explicó la participación que atribuye a cada imputado dentro de la presunta red. Las defensas respondieron a los señalamientos y plantearon sus argumentos antes de que la jueza resolviera la situación jurídica de los ocho detenidos.
Ramírez de la Vega revisó por separado las acusaciones de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. El análisis también incluyó las medidas cautelares aplicables en cada caso.
Además de los cinco imputados que permanecerán en el penal federal, De la Peña Ramos y De la Peña Rosales cumplirán la medida cautelar en sus domicilios debido a problemas de salud acreditados ante las autoridades ministeriales. Mientras que Bárcenas Guillén continuará recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Esta resolución sólo definió la situación jurídica de los ocho detenidos, pues dentro del mismo expediente aún quedan 17 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. Las autoridades federales mantienen la búsqueda de otros presuntos integrantes de la estructura investigada por operar este esquema de huachicol fiscal.
Según la investigación federal, la red habría introducido combustible a México mediante declaraciones aduaneras incompletas o con datos que no correspondían al contenido transportado. Los cargamentos aparecían registrados con volúmenes menores o bajo la clasificación de otros productos, lo que habría permitido evadir millones de pesos en el pago de los impuestos especiales aplicados a este tipo de productos.
El expediente también rastrea las rutas de importación, el traslado ferroviario de los cargamentos, los puntos de distribución y la posterior venta de los hidrocarburos en distintas entidades del país.
Niegan bloqueo a cuentas de hija del exgobernador
| Por Elizabeth Hernández |
EL GABINETE de Seguridad negó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado el bloqueo de cuentas o la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo Sánchez, como afirmó el exalcalde de Tijuana Héctor Osuna Jaime.
Según Osuna Jaime, las cuentas de una empresa de tecnología educativa, vinculada con Ruffo Sánchez, fueron bloqueadas desde el viernes, un día después de la detención de su padre. Esa medida habría llevado a la empresaria, quien tiene ciudadanía estadounidense, a solicitar protección en la embajada de EU en México.
La versión oficial insiste en que la petición enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contempla únicamente a las personas físicas y morales señaladas de forma expresa en la investigación por huachicol fiscal que enfrenta el exmandatario de Baja California, por lo tanto, el nombre de Ruffo Sánchez no figura en el requerimiento.
- 3 cuentas bancarias congeló la UIF a Ernesto Ruffo
Para solicitar una medida de ese tipo, las autoridades deben contar con “indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable”, de acuerdo con la tarjeta informativa de la dependencia. Cuando la UIF incluye a alguien en la lista de personas bloqueadas, los bancos deben suspender operaciones y servicios relacionados con ese cliente.
De acuerdo con la UIF, la inmovilización procede ante señales de que el dinero o los bienes podrían destinarse a delitos, facilitar su continuidad u ocultar actividades ilícitas. El criterio también abarca el peligro de retiro o transferencia inmediata, así como una posible conexión con circuitos financieros o comerciales ligados a la delincuencia organizada.
Además del señalamiento sobre las cuentas, Ruffo Sánchez afirmó que personal de la FGR le impidió ingresar a una bodega donde su padre resguardaba documentos para los abogados.
El Gabinete de Seguridad sostuvo que cualquier solicitud de inmovilización sólo puede alcanzar a individuos o compañías incluidos en el expediente. La aclaración no respondió al señalamiento de hostigamiento político y financiero presentados por Ruffo Sánchez.
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