Nos comentan que en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno decidieron mostrar ayer algunas sanciones aplicadas a funcionarios públicos. En total fueron 13 y abarcan a 13 dependencias del Gobierno federal. Entre ellas se encuentran el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Salud. El problema, nos hacen ver, es que las faltas exhibidas no fueron graves y los castigos contra los responsables apenas alcanzaron para amonestaciones e inhabilitaciones de hasta tres meses. Al parecer lo que muchos esperaban dado el tono del golpe institucional era algo un tanto más fuerte, porque, a su juicio, de lo que se rindió informe fue de una especie de jalón de orejas y no la captura de “peces gordos”. Por lo pronto, de acuerdo con el comunicado, “las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si no lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas”. Ahí el dato.
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