Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó dos suspensiones definitivas concedidas por el juez Gabriel Regis López a favor de Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, al considerar que las resoluciones contravenían una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y principios constitucionales que regulan la contratación pública.
Las medidas cautelares habían sido otorgadas dentro de un juicio de amparo para frenar temporalmente la ejecución de inhabilitaciones administrativas impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En sus resoluciones, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte estableció, mediante la jurisprudencia 2a./J.157/2010, que este tipo de suspensiones deben negarse cuando impidan la ejecución de una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación pública, criterio que el juzgado no observó al conceder las medidas cautelares.
Los magistrados también advirtieron que permitir que una empresa continúe participando en contrataciones gubernamentales mientras una inhabilitación permanece suspendida afecta el interés público y los principios de eficiencia, transparencia, economía y honradez previstos en el artículo 134 de la Constitución.
La empresa beneficiada con las suspensiones registra, según información pública de Compras MX, 325 contratos con dependencias del Gobierno federal entre 2017 y 2026 por un monto superior a 14 mil 467 millones de pesos, de los cuales 5 mil 543 millones corresponden únicamente a 2025.
Derivado de las suspensiones otorgadas por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, diversas dependencias federales recibieron notificación de que las inhabilitaciones quedaban temporalmente sin efectos, situación que fue revertida tras la resolución del tribunal colegiado.
Al cierre de la consulta realizada para este reportaje, Grupo de Seguridad Privada Pryse de México no figuraba en el directorio público de proveedores sancionados.
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