La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) advirtió del costo millonario que implica la modificación del etiquetado de los medicamentos destinados a las instituciones públicas, que busca impedir robos, desvíos y la comercialización ilegal de éstos.
“Tenemos estimado que esto costaría cerca de 10 mil millones de pesos para la industria”, dijo el director general de Canifarma, Rafael Gual Cosío, al considerar las tres mil 600 millones de piezas que tendrían que reetiquetarse.
- El dato: la Cofepris ha documentado un alza en los casos detectados de medicamentos falsos, pasando de seis casos en 2019 a 55 en 2024. Y a julio de 2025, ya contaba 41.
De acuerdo con la industria, el problema va mucho más allá de la actualización de rótulos, pues el verdadero desafío está en la falta de planeación de las compras gubernamentales, el creciente desabasto y la expansión del mercado negro. En medio de esta crisis, organizaciones civiles estiman que la escasez de medicamentos podría alcanzar 30 por ciento en el país durante este año.
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A pesar de la existencia de cerca de 400 procesos de licitación de medicinas en marcha, la organización Cero Desabasto advirtió que miles de pacientes siguen enfrentando dificultades para conseguir sus tratamientos.
- 5 mil 700 millones de medicamentos comprará el Gobierno
El problema, afirmó la ONG, es que el Gobierno federal todavía no ha definido con precisión qué medicamentos adquirirá y en qué cantidades. Algunas claves apenas alcanzan 40 por ciento de las compras previstas, lo que mantiene en la incertidumbre a laboratorios, fabricantes y empresas distribuidoras.
La falta de definiciones ha provocado un efecto inesperado: numerosos laboratorios mantienen millones de unidades almacenadas y se han visto obligados a trasladarlas al mercado privado para evitar pérdidas económicas.
Las autoridades sanitarias buscan reforzar la seguridad mediante la incorporación de leyendas como “Gobierno de México”, “Prohibida su venta” y “Propiedad del Gobierno Federal”, además del escudo nacional en cada empaque, así lo dijo el subsecretario de salud federal Eduardo Clark, el pasado miércoles.
El propósito es sencillo: “impedir que los medicamentos adquiridos con recursos públicos terminen en farmacias irregulares, tianguis o plataformas de Internet”, señaló.
Sin embargo, la implementación de la medida ha despertado inquietud en el sector. “Lo importante es que exista un estándar. Si cada proveedor utiliza un diseño distinto, el sistema se volverá más complejo y costoso”, explicó Gual Cosío.
El directivo recordó que la industria produce alrededor de 150 millones de piezas cada mes, por lo que cualquier modificación requiere tiempo, inversión y una cadena de suministro capaz de responder a la nueva demanda.
Además, el uso del escudo nacional implica la autorización de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la definición de especificaciones técnicas que todavía se encuentran en análisis.
“Los lineamientos siguen siendo muy vagos y estamos trabajando con las autoridades para definir las reglas que deberán cumplirse”, afirmó.
El desabasto no sólo afecta a pacientes y hospitales. También abre la puerta a la proliferación de medicamentos falsificados. La industria calcula que al menos uno de cada 10 consumidos en México es apócrifo.
Muchos de estos productos se comercializan en redes sociales, sitios de Internet y mercados informales, donde son ofrecidos a precios hasta 50 por ciento inferiores a los del mercado formal.
En numerosos casos, los productos están adulterados, han caducado o simplemente contienen sustancias distintas a las anunciadas.
Entre los medicamentos más falsificados hay tratamientos contra el cáncer, virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), malaria, diabetes tipo 2 y obesidad. También se han identificado irregularidades en la comercialización de jeringas, instrumentos quirúrgicos, lentes de contacto, preservativos, sillas de ruedas y equipos de radioterapia.
Buena parte de estos productos procede de la India, Turquía y China, aunque la industria reconoce que también existen redes de producción y distribución ilegales dentro del territorio mexicano.
Ante este panorama, la Canifarma ha planteado la posibilidad de sustituir las modificaciones físicas del etiquetado por sistemas digitales de trazabilidad.
Una de las propuestas consiste en incorporar códigos QR en los empaques para rastrear el recorrido de cada medicamento, desde su fabricación hasta su entrega al paciente.
La medida, aseguran los especialistas, permitiría identificar desviaciones en la cadena de suministro, reducir el robo y combatir el comercio ilegal con un costo considerablemente menor.
Sin embargo, el sector insiste en que la principal condición para garantizar el abasto es otra: la certeza.
Los fabricantes solicitan que el Gobierno adquiera al menos 80 por ciento de los volúmenes comprometidos y que establezca calendarios claros para evitar nuevas interrupciones en la producción.
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