La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) salió en defensa de los juzgadores que dejaron sus cargos a raíz de la reforma judicial y rechazó cualquier intento por restringir su incorporación al sector privado o académico.
El pronunciamiento ocurre después de que el diputado federal de Morena, Arturo Ávila, criticara públicamente a la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, por su incorporación a una firma legal internacional, y utilizara su nuevo rumbo profesional para cuestionar el perfil de quienes integraron el antiguo Poder Judicial.
Sin mencionar directamente al legislador ni a Margarita Ríos Farjat, la JUFED sostuvo que quienes concluyeron sus encargos tienen plena libertad para continuar ejerciendo su profesión y advirtió que pretender limitar ese derecho implicaría vulnerar la Constitución.
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La asociación respaldó “de manera irrestricta el derecho constitucional a la libertad de trabajo y al libre ejercicio profesional” de las y los juzgadores federales, particularmente de aquellos que “debido a la Reforma al Poder Judicial de la Federación tuvieron que dejar su cargo de manera forzada”.
La JUFED recordó que el artículo 5 de la Constitución establece que a ninguna persona podrá impedírsele dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos.
En ese sentido, rechazó los señalamientos que buscan cuestionar o restringir la actividad profesional de quienes concluyeron su encargo en el Poder Judicial.
“Prejuzgar o coartar el derecho de las y los profesionales del derecho a ejercer libremente su profesión en el ámbito privado o académico vulnera leyes fundamentales”, sostuvo.
La organización también defendió la experiencia acumulada por quienes durante años se desempeñaron dentro de la Carrera Judicial y consideró que impedirles continuar con su actividad profesional supondría desconocer su preparación.
La asociación advirtió que las limitaciones de esta naturaleza “no solo son contrarias al orden constitucional”, sino que constituyen “una afrenta directa a los derechos laborales” y fomentan la marginación injustificada de profesionales del derecho con amplia experiencia.
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FGR
