La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que la propuesta del Ejecutivo federal para emitir nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en radio y televisión representa un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que abre la puerta a mecanismos de censura e invade garantías constitucionales.
El pronunciamiento se dio luego de que este martes se anunciara la apertura de una consulta pública sobre nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias para radio y televisión.
En un posicionamiento, la JUFED sostuvo que “las pretensiones de regular e intervenir en las pautas editoriales y operativas de los medios de comunicación bajo el argumento de normar a las audiencias, incurren en una delicada extralimitación que vulnera de manera directa el artículo 6 de la Constitución”, el cual garantiza la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas.
CIRT pide corregir lineamientos sobre audiencias y alerta riesgos para la libertad de expresión
JUFED advierte riesgo de ‘censura institucionalizada’
La organización afirmó que cualquier intento por incidir en los contenidos de radio y televisión “abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”.
Asimismo, señaló que intentar limitar las libertades de los medios “fractura el principio democrático, puesto que no hay sociedad libre sin prensa y medios de comunicación independientes”.
Aunque reconoció que la protección de los derechos de las audiencias busca combatir la desinformación y garantizar contenidos de calidad, sostuvo que “el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”.
‘Instrumento de fiscalización y control político’
Añadió que someter la labor informativa a “criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno” podría desalentar el periodismo de investigación, fomentar la autocensura y convertir la regulación informativa “en un instrumento de fiscalización y control político”.
Finalmente, exigió que cualquier discusión sobre la materia se apegue al marco constitucional. “Las libertades constitucionales y la protección a la libre expresión no admiten matices ni condicionamientos”, afirmó.
“La democracia no puede subsistir si se despoja a los medios de comunicación y a la ciudadanía de la pluralidad de voces que exige una sociedad informada y con ejercicio pleno de la libertad de expresión”.
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