La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respaldó el proceso de consulta pública abierto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para definir los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias; sin embargo, advirtió que el proyecto contiene disposiciones ambiguas que, de mantenerse, podrían representar un riesgo para la libertad de expresión y la democracia.
Tras analizar el documento puesto a consulta y la presentación realizada este martes por la consejera jurídica de la Presidencia, la CIRT afirmó que comparte el objetivo de fortalecer la protección de las audiencias y adelantó que presentará observaciones técnicas durante el periodo de consulta.
“La CIRT hará un ejercicio de consenso con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada y presentarla en la consulta pública”, señaló el organismo.
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La Cámara precisó que no considera que la intención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sea censurar los contenidos informativos, aunque insistió en que existen aspectos del proyecto que deben corregirse para evitar interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
Entre las principales preocupaciones expuestas por la industria destaca que los lineamientos permitirían al gobierno determinar qué información puede considerarse falsa o descontextualizada, lo que, a su juicio, debilitaría los mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación y restaría autonomía a la figura del defensor de las audiencias.
“La posición de la CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y definir con pulcritud”, indicó.
Asimismo, la CIRT cuestionó el régimen de sanciones previsto en el proyecto, al señalar que contempla multas de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de concesionarios y programadores por presuntas faltas relacionadas con contenidos informativos.
A consideración del organismo, dichas sanciones exceden lo previsto en la legislación vigente, que únicamente establece multas por no designar un defensor de las audiencias o por incumplir con la obligación de contar con un código de ética.
Otro de los puntos que genera inquietud es la creación de un recurso de inconformidad mediante el cual la autoridad podría revisar las determinaciones emitidas por los defensores de las audiencias.
De acuerdo con la Cámara, ese mecanismo podría traducirse en que el gobierno termine decidiendo qué contenidos, incluso de carácter informativo, pueden o no difundirse.
La organización también pidió que los lineamientos establezcan expresamente que no serán admitidas quejas anónimas, al advertir que esa posibilidad podría utilizarse para promover denuncias falsas o campañas de presión contra periodistas y comunicadores.
Pese a sus observaciones, la CIRT calificó como positiva la decisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de abrir una consulta pública, al considerar que permitirá corregir posibles excesos y construir una regulación que fortalezca los derechos de las audiencias sin afectar la libertad de expresión.
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