Las mujeres aparecen considerablemente menos expuestas que los hombres al pago de sobornos en trámites públicos.
La diferencia alcanza 57 por ciento entre ambos, pero la brecha permaneció prácticamente intacta aun en localidades con mayor presencia femenina en cargos electos, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana.
- El Tip: La corrupción se castiga en México por la vía administrativa con amonestaciones, suspensiones y destituciones, y por la vía penal con penas de hasta 12 años de cárcel.
Ese contraste constituye el hallazgo más consistente del informe. Las autoras aclaran que no se trata de una medición de honestidad ni de una supuesta menor disposición femenina a participar en actos de corrupción. El indicador refleja la exposición declarada a solicitudes de pagos informales durante el contacto cotidiano con oficinas públicas.
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Para medir este fenómeno, Alejandra Villegas y Heidi J. Smith revisaron siete ediciones de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al periodo 2011-2023. La base reunió 246 mil 727 registros de personas adultas y permitió identificar si cada participante declaró que entregó dinero en al menos un trámite con autoridades.
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Al trasladar la mirada a los ayuntamientos, el patrón no cambió. La proporción de funcionarias en presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y concejalías no mostró una relación sólida con una menor incidencia de sobornos. Tampoco modificó de forma consistente la distancia registrada entre ambos sexos.
Las personas con estudios universitarios registraron una probabilidad 37 por ciento mayor de reportar sobornos sin importar su género. El informe apunta a su mayor contacto con trámites, licencias y servicios públicos.
Mientras la participación femenina promedio en puestos locales pasó de 46.88 por ciento en 2018 a 52.10 por ciento durante 2022, la diferencia se sostuvo bajo distintas pruebas estadísticas. Los resultados permanecieron al incorporar efectos municipales, restringir la muestra a personas de entre 25 y 65 años, emplear otra definición de los cargos analizados o retirar a la Ciudad de México del cálculo.
Casi todas las observaciones corresponden a localidades donde las funcionarias ocupaban al menos una tercera parte de las posiciones examinadas. Más de la mitad de los casos ya alcanzaba la paridad. Ninguno de esos umbrales alteró de manera significativa la brecha detectada por las investigadoras.
Otro dato amplía el alcance del análisis. Las personas con estudios universitarios presentaron una probabilidad aproximadamente 37 por ciento mayor de reportar sobornos respecto de la tasa de referencia utilizada por las autoras. El documento no atribuye ese resultado a una mayor propensión a la corrupción y señala que puede relacionarse con una exposición más frecuente a trámites, licencias, registros, propiedad de bienes o servicios administrativos.
La evolución de la ENCIG también muestra que el fenómeno se mantuvo por encima de los niveles registrados al comienzo del periodo. El pago declarado pasó de 5.54 por ciento en 2011 a 10.96 por ciento seis años después. La medición alcanzó su punto máximo en 2019, cuando llegó a 11.57 puntos porcentuales.
Más allá de la composición política de los ayuntamientos, el tamaño de las localidades sí apareció relacionado con una mayor exposición. Un incremento equivalente a una desviación estándar en la población municipal elevó alrededor de 1.1 puntos porcentuales la probabilidad de reportar un soborno. Esa variable, sin embargo, tampoco cambió la relación observada entre género y presencia femenina en puestos públicos.
Tampoco la capacidad fiscal de los estados modificó el panorama. Villegas y Smith probaron si una mayor disponibilidad de recursos podía potenciar el efecto de la representación política mediante mecanismos de vigilancia, control o sanción. Los modelos no encontraron una asociación estadísticamente significativa que convirtiera ese factor en un canal para reducir los pagos irregulares.
A escala estatal, las correlaciones simples mostraron inicialmente una asociación positiva entre una mayor proporción de funcionarias en gobiernos municipales y niveles más altos de incidencia de corrupción. El propio informe advierte que ese resultado no demuestra que la representación femenina incremente los sobornos. Una vez incorporados controles por entidad y año, el vínculo dejó de mostrar significancia estadística.
Villegas y Smith precisan que sus resultados identifican asociaciones y no efectos causales.
La composición política de cada municipio no se determina de manera aleatoria y la experiencia de los ciudadanos frente a las instituciones también puede depender de la demanda de servicios, el desarrollo local y la forma en que cada persona reconoce o reporta un soborno.
El documento establece otra limitación relevante. La ENCIG recoge experiencias relacionadas con trámites municipales, estatales y federales, mientras el indicador sobre representación política utilizado en la investigación corresponde al primer nivel de gobierno.
Esa diferencia impide vincular todos los pagos declarados con oficinas bajo control de autoridades locales.
