Ante el aumento de asesinatos y agresiones contra defensores del medio ambiente, el diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, exigió una reingeniería de los mecanismos de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) para evitar que las amenazas del crimen organizado contra activistas terminen en homicidios.
El legislador señaló que la desaparición de un defensor ambiental en Michoacán no puede quedar impune y demandó que las autoridades activen de manera inmediata los mecanismos de protección para quienes soliciten auxilio después de recibir amenazas.
De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2024 fueron asesinadas 25 personas por defender el bosque y sus territorios, mientras que en 2025 se han contabilizado 10 homicidios. Entre 2015 y 2024, la organización documentó 189 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente.

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Chimal García sostuvo que estos casos evidencian fallas en las medidas de protección y acusó al Gobierno federal de permitir que prevalezca la impunidad.
“Hay que decirlo claro, hoy tenemos la muerte de Roberto Chávez por defender el bosque, ya había sido objeto de amenazas y de ataques del crimen organizado; también está el caso de Lázaro Mendoza, que siguió en la misma ruta: ataques, amenazas y nadie lo protegió”, afirmó.
El diputado consideró que los casos de agresiones y asesinatos demuestran que el mecanismo de protección encabezado por la Segob resulta insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores ambientales.
“Es demasiado insuficiente y siguen muriendo activistas ambientales en manos del crimen organizado”, señaló.
En sus críticas, Chimal García también responsabilizó políticamente al gobierno de Michoacán y acusó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de omisión frente a la presencia del crimen organizado en la entidad.
Por su parte, Priscila Vera Hernández, coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN del PAN, calificó como preocupante que continúen las agresiones contra defensores ambientales y demandó fortalecer los protocolos de actuación de las autoridades.
“Hay una especie de complicidad, es lamentable que esto siga sucediendo”, sostuvo.
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