Al menos 30 organizaciones ambientales y comunitarias rechazaron la evaluación presentada por el Gobierno federal sobre la extracción de gas no convencional, y exigieron la prohibición total de esta técnica en el país, al considerar que persisten los riesgos para la salud, el medio ambiente y las comunidades cercanas a las zonas de extracción.
El posicionamiento se produjo después de que el comité de especialistas convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteara la posibilidad de continuar con los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Aunque los expertos descartaron el empleo de esta técnica en la región de Tampico-Misantla debido a sus implicaciones ambientales y sociales, las organizaciones advirtieron que la decisión resulta insuficiente, ya que las comunidades del noreste del país enfrentan problemas de disponibilidad de agua y podrían verse expuestas a impactos similares.
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Las agrupaciones demandaron una prohibición constitucional de la extracción de gas no convencional, al considerar que esta medida representa la única garantía para proteger el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
En un comunicado, las organizaciones también cuestionaron la integración del comité científico, al asegurar que se excluyó a representantes de las comunidades afectadas, así como a especialistas en epidemiología, derechos humanos y pueblos indígenas.
“El comité no buscaba responder si México debía prohibir, sino cómo usarlo con menos culpa”, señalaron.
Asimismo, rechazaron la afirmación de que el empleo de agua salada, el reciclaje de líquidos y el uso de nuevos aditivos permitirían reducir los daños ocasionados por la técnica.
De acuerdo con las organizaciones, estas alternativas aún se encuentran en etapas experimentales y no existen pruebas concluyentes de que puedan evitar la contaminación de acuíferos, las fugas de metano, la actividad sísmica inducida y las afectaciones a la salud de la población.
Las agrupaciones también criticaron la falta de información sobre el tratamiento y la disposición final de los residuos generados durante el proceso, así como la ausencia de mecanismos para transparentar la ubicación y la composición química de los desechos.
Con base en una investigación de la organización CartoCrítica, las ONG señalaron que la extracción de apenas 10% de los recursos prospectivos de gas no convencional requeriría la perforación de más de 25 mil pozos y el uso de alrededor de mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Añadieron que más de seis millones de personas habitan en las zonas con potencial de explotación o en sus áreas de influencia y advirtieron que ocho de cada diez litros de agua destinados a la fracturación hidráulica se utilizarían en regiones con un alto nivel de estrés hídrico.
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