El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representa hoy la amenaza criminal “más significativa, grave e inmediata” para los intereses de Estados Unidos, afirmó Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
La definición se inscribe en el endurecimiento de la estrategia de Washington contra las organizaciones del narcotráfico.
“Como ha dicho el presidente Donald Trump, ha llegado el momento de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles. Pues bien, Cártel Jalisco Nueva Generación, vamos por ustedes”, advirtió Gonzales.
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Durante una conferencia convocada para precisar el alcance de las acciones anunciadas esta semana contra ocho dirigentes y colaboradores del grupo, el funcionario explicó que esa prioridad no desplaza las acciones contra el Cártel de Sinaloa ni otros objetivos.
“Vamos tras todos los cárteles, todas las organizaciones narcoterroristas que representen una amenaza para Estados Unidos”, dijo.
Washington también elevó el tono respecto a México. Al responder si el gobierno mexicano tiene capacidad y voluntad para enfrentar a esas organizaciones, Gonzales reconoció las acciones emprendidas durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas mayores aseguramientos, detenciones y transferencias de integrantes de grupos criminales, pero sostuvo que el esfuerzo todavía resulta insuficiente. “Debe hacerse más para enfrentar las amenazas compartidas que tenemos”, declaró.
Ante la posibilidad de que México no consiga capturar a los ocho objetivos, Gonzales evitó anticipar acciones distintas a la cooperación bilateral.
Dijo que Estados Unidos pretende trabajar “muy estrechamente” con las autoridades mexicanas para identificar, localizar y llevar ante la justicia a esas personas, aunque cualquier procedimiento dependerá de los datos obtenidos y de la viabilidad de las operaciones.
Entre los obstáculos pendientes, el funcionario mencionó “desafíos estructurales”, el flujo de drogas hacia la frontera estadounidense, la influencia de organizaciones delictivas en partes de México y “casos de corrupción en algunas instituciones”. Gonzales aseguró que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación en seguridad, las operaciones de las fuerzas del orden y los procesos penales, además de impulsar acciones más rápidas contra la producción y el tráfico de narcóticos.
Frente a los señalamiento sobre corrupción institucional, Gonzales dejó abierta la posibilidad de que funcionarios públicos o agentes mexicanos figuren entre las personas alcanzadas por las nuevas restricciones migratorias vinculadas con integrantes o redes de apoyo del CJNG. A pregunta expresa, el representante del Departamento de Estado rechazó revelar nombres, cargos o “afiliaciones particulares de momento”, pero también evitó descartar la presencia de servidores públicos dentro de ese grupo.
La eventual ciudadanía estadounidense de Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, tampoco supondría un límite para Washington. A pregunta de *La Razón*, Gonzales afirmó que esa condición no impediría perseguir al hombre que Estados Unidos identifica como nuevo líder del CJNG y por quien ofrece 25 millones de dólares.
El nacimiento de Valencia González en Santa Ana, California, y las referencias públicas a su ciudadanía mexicana y estadounidense colocaron su estatus nacional como un posible freno legal para ciertas acciones de la ley. *La Razón* planteó si Washington aún reconoce esa condición y qué implicaciones tendría para una eventual captura o proceso penal. La respuesta de Gonzales minimizó ese factor. “Que una persona sea ciudadana de Estados Unidos, de México, Bolivia, Venezuela o tenga doble ciudadanía es irrelevante. Sí representa una amenaza para los estadounidenses o sus comunidades, tenemos la capacidad de perseguirla, como lo hemos demostrado una y otra vez, y absolutamente lo haremos”, afirmó.
Gonzales, sin embargo, no confirmó si “El Pelón” conserva la ciudadanía estadounidense ni aclaró qué consecuencias legales tendría esa condición. Para cualquier definición sobre la forma en que las autoridades podrían actuar durante una captura o eventual proceso penal, remitió al Departamento de Justicia.
Respecto de la ubicación de los buscados, Gonzales indicó que Washington supone que varios permanecen en México debido a su afiliación con el CJNG, pero aclaró que podrían encontrarse en otros países del continente o del resto del mundo. Las autoridades estadounidenses pretenden seguir cualquier pista junto con corporaciones de las naciones donde aparezcan indicios sobre alguno de ellos.
Quienes posean información sobre alguno de los ocho objetivos pueden entregarla desde cualquier parte del mundo. Las investigaciones corresponden, según cada caso, a la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones o la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Si una persona se encuentra fuera de Estados Unidos, también puede acudir a una embajada o consulado para establecer contacto con la agencia responsable.
Sobre la seguridad de quienes aporten información, el subsecretario adjunto rechazó describir los protocolos debido al riesgo que enfrentan esas personas. Aseguró que las agencias mantienen comunicación con ellas y cuentan con mecanismos para proteger su anonimato, además de mantener bajo reserva su relación con los programas. “Usamos estos programas de recompensas porque funcionan. También los usamos porque funcionan para las personas que nos proporcionan información. Las protegemos”, afirmó.
Las recompensas operan mediante dos mecanismos del Departamento de Estado, el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional y el de Narcóticos. Según Gonzales, ambos han contribuido a localizar y llevar ante la justicia a más de 90 personas consideradas delincuentes peligrosos, mientras los pagos acumulados superan los 200 millones de dólares.
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