El gobierno de Estados Unidos convirtió a Juan Carlos Valencia González, El Pelón, en el objetivo central de su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Washington quintuplicó la recompensa por información que permita capturarlo o condenarlo, al elevarla de cinco a 25 millones de dólares, y desplegó una operación judicial, financiera y migratoria que alcanza a ocho integrantes de la cúpula, por quienes ofrece en conjunto más de 100 millones.
La escala del anuncio marca un cambio en la persecución. Washington ya no concentra el caso únicamente en cargamentos de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo. Los nuevos expedientes enlazan el narcotráfico con armas, células violentas, lavado de recursos y un fraude inmobiliario que, de acuerdo con las autoridades, arrebató más de 400 millones de dólares a miles de propietarios de tiempos compartidos, la mayoría, adultos mayores.
- El Dato: El Departamento de Estado de EU recordó que el CJNG fue designado como organización terrorista durante el primer año del segundo mandato de Trump.
Marco Rubio, secretario de Estado de EU, respaldó la ofensiva contra el cártel y destacó que las acciones no se limitan a las recompensas por sus dirigentes. El Departamento de Estado también impuso restricciones migratorias contra 65 familiares, colaboradores o personas cercanas a la organización y revocó las visas de 26 integrantes de ese grupo que contaban con autorización para ingresar a territorio estadounidense.
El jefe de la diplomacia colocó esas decisiones como parte de una estrategia destinada a presionar tanto a la cúpula como a los círculos que facilitan sus operaciones o mantienen vínculos con sus mandos. “Estados Unidos está persiguiendo, desmantelando y destruyendo al CJNG”, afirmó a través de redes sociales.
- 8 cárteles fueron designados terroristas por el gobierno de EU
Con un mensaje dirigido más allá de los acusados, Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), advirtió que la institución también buscará a funcionarios que faciliten el narcotráfico, encubran dirigentes o protejan circuitos financieros. “Si utiliza un cargo público para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: La DEA va por usted”, afirmó en una conferencia conjunta. “Ningún título, puesto o vínculo político servirá como escudo”, destacó.
El administrador de la DEA confirmó contacto constante con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
“Seguimos trabajando sobre el terreno entre ambos países. Él quiere lo mejor para su nación, yo busco lo mejor para la nuestra y para la seguridad de todos los estadounidenses”, expresó.
También sostuvo que la institución que dirige acumula más de 100 acusaciones federales contra líderes, miembros y colaboradores del CJNG.
A sus 41 años, El Pelón aparece en documentos judiciales como sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, tras la muerte de este último durante una operación militar mexicana en febrero. La DEA lo colocó entre sus fugitivos más buscados y sostuvo que ahora encabeza la organización.
La recompensa por Valencia González representa el incentivo individual más alto del paquete anunciado este miércoles. Los otros siete ofrecimientos, de entre dos y 15 millones de dólares, corresponden a dirigentes y colaboradores de alto nivel de este grupo criminal.
Además de Valencia, otros cinco nombres encabezan las nuevas imputaciones presentadas ante tribunales federales de Washington y Nueva York. Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro, figura como dirigente de alto rango, exyerno de El Mencho y presunto responsable del traslado de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína. Estados Unidos ofrece 15 millones por él.
Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, aparece como pieza clave para el abastecimiento militar del CJNG. Los documentos le atribuyen la compra de gran parte del arsenal, la preparación de sicarios y la supervisión de campamentos en zonas estratégicas.
También lo vinculan con reclutamientos forzados y acciones violentas. El Departamento de Estado fijó hasta 15 millones de dólares por datos que conduzcan a su captura o condena.
Sobre Ricardo Ruiz Velasco, RR o La Tripa, los fiscales sostienen que dirigía operaciones en varios territorios mexicanos, desde la distribución de narcóticos hasta el pago de sobornos y la adquisición de armamento. Washington asignó 10 millones para su captura.
También están Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas, y Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma, quienes ocupan un lugar distinto al de simples operadores. Las fiscalías los identifican como fundadores del Grupo Élite, brazo armado que habría concentrado más de mil integrantes y controlado la plaza de Guadalajara. Sus campamentos ofrecían adiestramiento con armamento de alto poder y métodos de tortura.
El fiscal general interino, Todd Blanche, presentó estas acusaciones como parte de una campaña que reúne a las principales agencias federales. “El Gobierno de Estados Unidos empleará todas sus herramientas para llevar a estos procesados ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”, afirmó.
Los expedientes estadounidenses describen una organización que combina narcóticos, armamento, lavado de dinero, homicidios y fraude. Esa diversidad explica el despliegue simultáneo de fiscales, investigadores financieros y autoridades migratorias.
Una parte de la pesquisa ubicó un circuito que trasladaba fusiles y cartuchos desde Estados Unidos hacia integrantes del CJNG en México. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) coordinó el caso desde Douglas, Arizona, con corporaciones estadounidenses y mexicanas.
Dentro del frente financiero, otra investigación contra la estructura de Audias Flores Silva, El Jardinero, derivó en el aseguramiento de seis millones de dólares en efectivo, mil 100 kilogramos de cocaína, 94 de metanfetamina, aeronaves y armas; 19 personas quedaron bajo arresto.
El mapa económico del CJNG también incluye una red dedicada a defraudar a propietarios de tiempos compartidos en México. Las autoridades estadounidenses señalaron a Montero Pinzón, Rivera Varela y Griselda Margarita Arredondo Pinzón, identificada como contadora del cártel, por participar en un esquema que recurrió a llamadas telefónicas, correos, mensajes y páginas falsas.
Según Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), los centros de llamadas obtuvieron más de 400 millones de dólares. Entre 2019 y 2023, el mecanismo afectó a más de seis mil estadounidenses mediante promesas de venta o renta de propiedades vacacionales, cobros anticipados y supuestos trámites administrativos.
Después del primer depósito, otras personas contactaban a las víctimas bajo la identidad de abogados, agentes inmobiliarios o servidores públicos. Cada interlocutor ofrecía recuperar las pérdidas a cambio de un nuevo pago y, en una fase posterior, advertía que el propietario podría enfrentar cargos por haber entregado recursos a un cártel.
Gary Shapley, subdirector de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés), resumió el alcance de esa pesquisa. “Vamos a encontrar sus fondos, vamos a localizar su dinero y no habrá frontera que nos impida recuperarlo”, sostuvo.
