Un tribunal federal acreditó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incumplió su obligación de entregar al Archivo General de la Nación (AGN) la documentación militar relacionada con la llamada Guerra Sucia, y abrió la vía para crear una comisión independiente que supervise la identificación, clasificación y transferencia de los expedientes.
La decisión surgió del amparo en revisión 43/2025, que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el pasado 6 de agosto. Por mayoría de dos votos, las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín concedieron la protección de la justicia federal a Alicia de los Ríos Merino, hija de una mujer del mismo nombre desaparecida desde 1978.
Alicia acudió a las autoridades en noviembre de 2023, luego de que organismos dedicados a esclarecer las violaciones cometidas entre 1965 y 1990 documentaron obstáculos para consultar expedientes bajo resguardo. Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acompañaron la demanda.
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El litigio tiene como antecedente el acuerdo presidencial publicado el 28 de febrero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el Ejecutivo instruyó a las dependencias federales a transferir al AGN los acervos históricos vinculados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas contra movimientos sociales. La disposición también ordenó garantizar el acceso público a esa información.
Con la nueva resolución, el Poder Judicial reconoció la necesidad de establecer medidas específicas para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Entre ellas figura una Comisión de Transferencia de Archivos con carácter imparcial, encargada de intervenir en la identificación y entrega de la documentación militar.
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