El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero fue vinculado a proceso por desaparición forzada de personas a partir de una acusación que coloca en el centro de la investigación unas videograbaciones que muestran hechos relevantes sobre lo ocurrido a 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó el trayecto de un disco compacto que pasó por funcionarios del Poder Judicial estatal y, según el expediente, terminó en manos del entonces mandatario quien supuestamente impidió que el material llegara a las autoridades encargadas de esclarecer el caso.
- El Dato: El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que la vinculación a proceso es una “gota de esperanza” para madres y padres de los normalistas.
Tras una audiencia de casi 14 horas, el juez de control consideró suficientes los datos presentados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Aguirre permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, mientras la Fiscalía y la defensa cuentan con un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación complementaria.
La investigación contra Aguirre Rivero tomó forma a partir del testimonio de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura estatal. La exfuncionaria declaró que el 29 de septiembre de 2014 acudió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJE), donde la recibió su entonces presidenta, Lambertina Galeana Marín. Durante ese encuentro, personal de Informática y Cómputo le entregó un disco compacto con grabaciones de las cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
- 31 pruebas presentó la defensa para desestimar los cargos
Estrada Ortega declaró que en las grabaciones aparecían hechos vinculados con la detención de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014. La FGR no ha detallado públicamente si cuenta con las secuencias completas ni qué fragmentos específicos tomó en cuenta el juzgador.
Según la versión incorporada a la investigación, la visitadora tomó el disco de la oficina de Galeana Marín y después lo entregó directamente a Aguirre Rivero. La Fiscalía sostiene que el entonces gobernador conservó el dispositivo sin ponerlo a disposición de las instituciones responsables de investigar la desaparición de los jóvenes.
La declaración no quedó sola dentro del expediente. Galeana Marín también rindió una entrevista que, conforme a la relatoría ministerial, coincide con aspectos de la reunión del 29 de septiembre y con la presencia del personal técnico que llevó las grabaciones. Testigos cuya identidad permanece bajo reserva añadieron referencias sobre la llegada de Estrada Ortega y de los ingenieros del tribunal a aquella oficina.
Con esos elementos, el Ministerio Público reconstruyó una secuencia concreta. Los registros salieron del sistema de vigilancia del Palacio de Justicia, llegaron al despacho de la presidenta del TSJE, pasaron a manos de la visitadora general y, de acuerdo con su denuncia, terminaron bajo control del gobernador. Esa ruta, ocurrida unas 72 horas después de la desaparición de los normalistas, constituye una de las piezas principales de la imputación.
Para la FGR, el destino del material videográfico adquiere relevancia porque se trataba de información relacionada con hechos investigados dentro del caso Ayotzinapa. La institución atribuye a Aguirre una intervención “directa, dolosa y deliberadamente” orientada al ocultamiento de esos registros y sostiene que servidores públicos estatales de primer nivel participaron en la operación.
Durante la audiencia, la defensa buscó desacreditar la imputación con el argumento de que el exmandatario no se encontraba en Guerrero cuando ocurrieron los hechos de Iguala. El juez consideró que esa circunstancia no resultaba suficiente para descartar en esta etapa su probable participación, debido a que la acusación se concentra en decisiones posteriores sobre el manejo de las videograbaciones.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, la investigación regresó a los primeros días posteriores a los ataques para examinar qué ocurrió con información que pudo incorporarse desde entonces al expediente. El centro de esta nueva vertiente no está únicamente en lo que muestran las cámaras, sino en quién recibió el material, quién lo entregó y cuál fue su destino.
La FGR aún no ha precisado públicamente todos los nombres de los servidores señalados ni las conductas particulares que atribuye a cada uno, aspectos que podrán formar parte de la investigación complementaria.
Esta línea forma parte del nuevo esquema de investigación que la FGR desarrolla junto con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
La Fiscalía señaló que la búsqueda de los jóvenes continúa como una responsabilidad del Estado mexicano frente a sus familias y que las nuevas indagatorias buscan establecer responsabilidades sobre las acciones que pudieron obstaculizar el esclarecimiento del caso.
• El cerco a Alito
