Los jóvenes mexicanos colocaron el combate al narcotráfico como la principal tarea que el Gobierno debe atender, por encima de la seguridad en las calles y del aumento al salario mínimo. Una investigación de Fundación SM mostró que esas tres preocupaciones dominan la agenda de la población de 15 a 29 años. Cada una obtuvo más de 30 puntos porcentuales dentro de las opciones a esta pregunta.
El resultado forma parte de la encuesta Jóvenes en México 2026, una radiografía más amplia sobre las prioridades, expectativas y relación con las instituciones de la juventud en el país. El estudio fue elaborado por José Antonio Pérez Islas, Enrique Pérez Reséndiz y Mónica Valdez González. Sus conclusiones parten de mil 231 entrevistas y representan a 24.3 millones de personas que viven en localidades de al menos dos mil 500 habitantes.
- El Dato: En México, al menos cuatro de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años enfrentan un proceso de “desafiliación” de instituciones y espacios que antes eran fuentes de apoyo.
La pregunta permitió a cada entrevistado seleccionar tres asuntos que consideró prioritarios para las autoridades, por lo que los porcentajes no forman una distribución que sume cien. Bajo ese esquema, el combate al narcotráfico ocupó el primer sitio nacional y también alcanzó algunos de sus registros más altos en zonas del norte y occidente del país.
Por territorio, el combate al narcotráfico adquirió mayor peso en Norte-Occidente y el Norte, donde concentra las proporciones más altas del país. El contraste apareció frente a las entidades del Centro-Norte, en donde esta categoría alcanzó sólo 22.1 por ciento, casi la mitad del nivel registrado en la primera de esas regiones. La diferencia entre los extremos es de 19 puntos.
A escala metropolitana aparece uno de los contrastes más marcados. Guadalajara y Monterrey, agrupadas por la investigación, alcanzaron 44.4 por ciento en la prioridad otorgada al narcotráfico, frente a 35.7 por ciento en la Zona Metropolitana del Valle de México y 32.2 en el resto de las áreas consideradas. El propio informe identificó la seguridad y la violencia como los asuntos que encabezan la lista nacional.
Distinta es la geografía cuando la consulta se refirió a garantizar condiciones seguras en las calles.
En el sur ocupa el primer lugar con 37.7 por ciento, seguido de Norte-Occidente, con 35.4. La región Centro registra 25.9 por ciento y el Valle de México presenta 21.3, el menor resultado entre las zonas metropolitanas desglosadas.
Con la edad también cambia el peso de las demandas. La seguridad de las calles y el salario mínimo son las principales exigencias para quienes tienen de 18 a 19 años, mientras que los jóvenes de 15 a 17 priorizaron la educación y protección. Las personas de 20 a 29 años dan más espacio a asuntos económicos como ingresos, impuestos y vivienda.
Detrás de las principales preocupaciones aparecen otras como reducir impuestos, combatir las violencias contra las mujeres, aumentar las becas educativas y disminuir las rentas para garantizar el derecho a la vivienda. La libertad de expresión recibió 15.5 por ciento de las menciones, mientras que contar con un apoyo universal contra la pobreza se colocó al fondo de la tabla con 14.6 puntos.
De acuerdo con el nivel socioeconómico, las prioridades también se separan. En el grupo C, más de la mitad puso en primer lugar de sus preocupaciones el aumento al salario mínimo, seguido del combate al narcotráfico. Entre los jóvenes clasificados como A/B, 38.4 por ciento señaló la seguridad de las calles y combate a las violencias contra las mujeres. Para el segmento D, la reducción del precio de la renta alcanza a dos de cada 10.
Las instituciones relacionadas con seguridad y justicia recibieron niveles reducidos de confianza entre la misma población consultada. Sólo 5.4 por ciento declaró mucha confianza en la policía, mientras que siete de cada 10 expresaron poca o ninguna. El sistema judicial obtuvo 8.9 por ciento en la categoría de confianza más alta, frente a 37.4 de baja y 25.5 de ausencia total.
Esa distancia alcanzó también a la representación política. Los partidos obtuvieron apenas cuatro por ciento de la categoría de mucha confianza, mientras que ocho de cada 10 jóvenes optaron por la respuesta de casi nada o nula. Para el Congreso y el Senado, el primer nivel llegó a 6.4 por ciento, mientras 41.6 manifiesta escasa credibilidad y el resto la descarta por completo.
En contraste, las universidades y el sistema educativo concentran los mayores niveles de respaldo dentro del conjunto de instituciones evaluadas.
La desconfianza también aparece en la valoración de los procesos electorales. Apenas 7.3 por ciento los considera totalmente confiables, poco más de la mitad les concedió cierta credibilidad y tres de cada 10 respondió que no resultan confiables en absoluto.
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