Oposición le exige aclarar y a la FGR que investigue

La oposición reaccionó al retiro de la visa por parte de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, a quien le exigió que rinda cuentas, además de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación contra el hijo del expresidente López Obrador.

“Ahora Andy se declara perseguido, ataca a las autoridades estadounidenses y califica la decisión como una ‘canallada’”, dijo el PAN en un comunicado, en el que dijo que el nombre de López Beltrán aparece en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la FGR relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles desde las aduanas.

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El blanquiazul colocó entre sus señalamientos la relación de López Beltrán con el empresario Jorge Amílcar. También afirmó que Portacelis Gas and Oil, importó combustible suministrado por Ikon Midstream, cuyas oficinas en Houston quedaron bajo cateo dentro de una investigación en EU.

Dentro de sus demandas, el PAN pidió que la FGR indague posibles vínculos con huachicol fiscal, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y negocios relacionados con personas de su círculo cercano, y que la Unidad de Inteligencia Financiera revise cuentas, transferencias, contratos y operaciones financieras relacionadas con López Beltrán y personas cercanas.

Además, exigió al hijo del expresidente publicar completa la notificación que recibió, explicar el origen de sus recursos y aclarar sus relaciones con empresarios beneficiados durante el sexenio anterior.

También el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó al político por la misiva que dirigó al presidente de EU, Donald Trump: “Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas”.

Moreno sostuvo que López Beltrán debe responder a los señalamientos públicos relacionados con sus relaciones personales, negocios y patrimonio.

Extendió sus acusaciones al expresidente, al señalar que los cuestionamientos sobre posibles pactos con grupos criminales deben investigarse. Afirmó que quienes hayan protegido o permitido la operación de grupos criminales deben responder ante la ley.