El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de tres meses de reclusión. El registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) señaló que el mexicano, identificado con el número 62685-512, ya no está bajo custodia de esa agencia desde el pasado 11 de agosto.
Mérida Sánchez es el primero de los acusados en el expediente federal abierto en Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presunta colaboración con Los Chapitos, que deja una prisión de Estados Unidos.
- El Tip: El 1 de junio, Mérida Sánchez tuvo una audiencia de 20 minutos. En esa sesión, la jueza Katherine Polk afirmó que la evidencia que había contra él y otros coacusados era “mucha”.
Los registros del BOP únicamente muestran que el exsecretario de Seguridad dejó de estar bajo custodia de esa agencia, no que recuperara la libertad.
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La información pública disponible tampoco precisa la causa del cambio ni revela dónde permanece actualmente. De acuerdo con los reglamentos internos del buró de prisiones, un acusado puede quedar a disposición de otra autoridad federal, entre ellas el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, encargado tanto del traslado y resguardo de prisioneros como del Programa de Seguridad de Testigos.
Su salida ocurre en una etapa clave de la causa ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La audiencia prevista para el pasado 4 de agosto quedó sin fecha y autoridades judiciales atribuyeron el aplazamiento a cuestiones procesales. Reportes publicados este lunes señalaron que la Fiscalía estadounidense y la defensa mantienen conversaciones sobre un posible acuerdo negociado, aunque hasta ahora no existe un acuerdo público.
Mérida Sánchez se declaró no culpable de los cargos que presentó el Departamento de Justicia en una investigación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los fiscales lo acusan de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de asociación para disponer de ese armamento. De acuerdo con la acusación, el exfuncionario colaboró con integrantes del Cártel de Sinaloa, en particular con Los Chapitos. En caso de ser hallado culpable, esos delitos contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años y hasta cadena perpetua.
Tras el cambio en el registro penitenciario surgieron interrogantes sobre la condición jurídica del militar en retiro. Analistas y expertos en el caso plantearon que podría permanecer bajo resguardo federal fuera de una cárcel ordinaria como parte de una eventual cooperación con las autoridades de Estados Unidos.
Hasta el momento, ninguna dependencia estadounidense o representante legal de Mérida Sánchez ha confirmado que el general en retiro haya ingresado al Programa de Seguridad de Testigos. La ausencia en el sistema del BOP tampoco acredita por sí sola ese escenario.
Sarah Krissoff, su representante legal, trabajó como fiscal federal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York y actualmente forma parte de Cozen O’Connor, donde forma parte del área de defensa de delitos de cuello blanco e investigaciones de alto perfil. Desde enero integra el panel de la Ley de Justicia Penal de esa corte.
De acuerdo con el perfil de Sarah Krissoff, su experiencia incluye fraude financiero, lavado de dinero, crimen organizado, corrupción pública, decomiso de activos y delitos violentos. Ahora concentra su práctica en casos penales federales del Departamento de Justicia de EU y fiscalías del país.
Antes de llegar a Nueva York, Mérida Sánchez quedó bajo custodia estadounidense el 11 de mayo después de cruzar por Nogales hacia Arizona. Días más tarde compareció en Manhattan y posteriormente ingresó al centro de Brooklyn.
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