Apenas cuatro meses después de asumir el gobierno de Querétaro, en 2021, Mauricio Kuri comprometió tres mil 913 millones de pesos con la empresa Seguritech Privada, para sostener durante prácticamente todo su sexenio la infraestructura tecnológica de seguridad del estado. El contrato se entregó mediante adjudicación directa por excepción y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2027.
El acuerdo OM/DA/RE/030/2022, firmado el 4 de febrero de 2022, rebasa una compra convencional de cámaras o radios. Seguritech asumió la instalación e integración de sistemas, mantenimiento preventivo y correctivo, sustitución de componentes, soporte técnico y capacitación del personal. La obligación se distribuyó entre varios presupuestos estatales. Sólo para 2024, el gobierno identificó 873.7 millones de pesos destinados al Servicio Integral de Tecnologías e Infraestructura en materia de seguridad.
- El Dato: Kuri abrió la puerta a Seguritech 10 años después de que lo hiciera Guanajuato con el programa Escudo y adjudicó de manera directa un contrato por 2,800 millones de pesos.
Pese a esa apuesta multimillonaria, la incidencia delictiva empeoró con relación al nivel previo a la contratación. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) registró 31 mil 817 delitos por cada 100 mil habitantes en 2021, último año completo anterior al convenio. La tasa avanzó a 35 mil 823 en 2022, alcanzó 40 mil 755 durante 2023 y llegó a 45 mil 107 un año después, un aumento acumulado de 41.8 por ciento.
Cerco al Tío Lako, objetivo prioritario del CJNG; capturan a hija, pareja y 10 más
Con ese resultado, Querétaro alcanzó la tercera mayor incidencia delictiva del país y quedó 29 por ciento por encima del promedio nacional. La ENVIPE mide hechos reportados por la población y no atribuye esa trayectoria a Seguritech ni evalúa el cumplimiento del convenio. El contraste permite observar que el indicador continuó al alza durante los primeros años de una estrategia que colocó la tecnología entre sus principales instrumentos para fortalecer la seguridad.
- El Tip: el mandatario argumentó que desde su primer informe hizo público el proyecto de seguridad con una inversión de $4 mil millones y que incluyó la construcción del edificio Rhino.
Una de las expresiones físicas de esa apuesta es Rhino, complejo que alberga el Centro de Mando Operativo de la Policía Estatal. La infraestructura asociada al proyecto contempla 18 hangares para drones, 123 vehículos con sistemas de videovigilancia y un punto de monitoreo conectado con alrededor de tres mil cámaras, además de espacios destinados a operación y entrenamiento policial. El inmueble convirtió la contratación en algo más amplio que una red de dispositivos dispersos por la entidad.
La relación con la empresa alcanzó incluso el terreno utilizado para desarrollar parte del servicio. El Ejecutivo estatal puso a disposición del proveedor 14 mil 332 metros cuadrados de una propiedad. Para construcciones y adecuaciones, el documento autoriza a la compañía a recurrir a terceros “a su propio criterio” y establece que esa parte del proyecto “no obedece a una obra pública”.
La forma en que el gobierno de Querétaro entregó el contrato también forma parte de la controversia.
El 17 de enero de 2022, la Dirección de Servicios Administrativos solicitó autorización para prescindir de una licitación pública y, cuatro días después, el Comité de Adquisiciones aprobó la adjudicación directa por excepción. La administración sustentó la decisión en disposiciones estatales que permiten recurrir a ese mecanismo cuando la apertura del procedimiento puede comprometer información vinculada con la seguridad.
El acuerdo otorgó, además, un margen amplio frente a posibles fallas de la tecnología. Una de sus cláusulas establece que algunos equipos, por su especialidad, novedad o innovación, podían encontrarse todavía en fase de desarrollo o presentar problemas técnicos sin que eso implicara automáticamente un incumplimiento. Si alguna de esas situaciones ocurría, Seguritech debía asumir el costo de sustituir o modificar los componentes necesarios.
Los tiempos para responder a esas fallas tampoco quedaron definidos. El contrato dejó esa parte para un Acuerdo de Nivel de Servicio que debía establecerse una vez concluida la implementación. Mientras tanto, la empresa quedó obligada a mantener una Mesa de Servicio, diagnosticar incidentes, realizar reparaciones y reemplazar piezas para conservar en funcionamiento la plataforma.
También se fijaron límites a la responsabilidad del proveedor. Seguritech Privada no respondería por interrupciones relacionadas con fallas eléctricas o de redes ajenas, vandalismo, hechos de violencia, condiciones meteorológicas, disposiciones oficiales o falta de atención de las autoridades ante determinadas emergencias. Al mismo tiempo, el convenio le permitió contratar a terceros para ejecutar partes del proyecto.
La versión pública no permite conocer si recurrió a esa posibilidad, qué compañías participaron o cuánto recibieron.
La propiedad de la infraestructura quedó sujeta a reglas distintas. Las construcciones deberán incorporarse al patrimonio estatal sin costo adicional durante el último año de vigencia, pero equipos, sistemas y redes permanecerán bajo reserva de dominio de la empresa hasta que concluya el servicio y el estado liquide el contrato. Para cancelar esa reserva, el documento contempla un pago adicional de hasta 3.1 por ciento sobre el monto total.
Mientras ese esquema operaba, los indicadores de victimización siguieron al alza. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó 842 mil 305 delitos en Querétaro durante 2024; 35 por ciento de los hogares tuvo al menos una víctima, equivalente a 282 mil 72 de los 805 mil 337 considerados en la encuesta. En 76.3 por ciento de los casos, las personas afectadas reportaron algún daño económico, emocional, físico o laboral.
Cuando el contrato volvió al debate público en julio de 2025, Kuri defendió la inversión. “Lo más caro sería perder la seguridad que tiene Querétaro”, afirmó, además de asegurar que Seguritech había cumplido “en tiempo y forma”. El gobernador sostuvo entonces que la empresa había obtenido el servicio mediante una “licitación abierta”, pero la oficial mayor Linda Luz Luna Rangel corrigió después esa versión. “La adjudicación fue directa por excepción”, precisó.
La ENVIPE mostró también la distancia entre los delitos ocurridos y los que llegaron al sistema de justicia. Sólo 10.6 por ciento de los hechos estimados durante 2024 se denunció y únicamente el equivalente a 8.7 por ciento del total derivó en una carpeta de investigación. La cifra oculta alcanzó 91.3 por ciento, es decir, nueve de cada 10 casos no se denunciaron o no llegaron a una investigación formal.
A más de cuatro años de la adjudicación, parte del expediente sigue fuera del acceso público. En marzo de 2026, la Comisión de Transparencia estatal confirmó que documentos relacionados con el procedimiento permanecían protegidos mediante acuerdos de clasificación emitidos en 2022 y 2025. El gobierno informó que la Secretaría de la Contraloría los requirió “con motivo de una auditoría en proceso”.
La revisión ocurre mientras el servicio todavía tiene más de un año de vigencia. Además de la Contraloría, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado ha incluido el acuerdo entre sus procesos de auditoría al Poder Ejecutivo. Hasta ahora, la reserva impide conocer de forma completa aspectos de su ejecución, entre ellos las condiciones finales del nivel de servicio y, en su caso, la participación de terceros en uno de los contratos de seguridad de mayor duración y monto celebrados durante la administración de Kuri.
Harfuch amplía con 9 países el intercambio
