LA CORTE federal de Chicago, Estados Unidos, pospuso la audiencia intermedia de sentencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, prevista para el 1 de marzo de 2027.
El proceso contra el integrante de Los Chapitos permanecerá sin una resolución de sentencia hasta el próximo año, luego de que la Corte de Distrito del Norte de Illinois reprogramó la audiencia que estaba contemplada inicialmente para el 31 de agosto de 2026.
Guzmán López, conocido como El Güero, se declaró culpable el 1 de diciembre de 2025 de cargos federales relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dichos delitos contemplan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
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La declaración que describió a Guzmán López como “narcotraficante” ocurrió en la audiencia del 1 de diciembre de 2025, cuando compareció ante la Corte de Distrito del Norte de Illinois para formalizar su acuerdo de culpabilidad. En esa audiencia, la jueza le preguntó cuál era su ocupación y el acusado respondió: “Narcotraficante”.
Uno de los elementos centrales que rodean el caso es la captura de Ismael El Mayo Zambada, a quien engañó para entregarlo a las autoridades Estados Unidos el 25 de julio de 2024.
Guzmán López llegó ese día a territorio estadounidense junto con Ismael Zambada, quien fue detenido por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) que lo esperaban para ponerlo en custodia del Departamento de Justicia de EU. La versión sostenida por la defensa de El Mayo es que Guzmán López lo habría llevado a aquel país mediante engaños y contra su voluntad.
Aunque Guzmán López se convirtió posteriormente en colaborador informante de las autoridades estadounidenses, Washington no ha establecido públicamente que la entrega de Zambada García le haya garantizado una reducción específica a su condena.
No obstante, su acuerdo de cooperación puede permitirle obtener beneficios en materia de sentencia a cambio de proporcionar información y asistencia a la Fiscalía. Sin embargo, la decisión final sobre una eventual reducción de pena corresponderá al proceso judicial y a los términos del acuerdo alcanzado con el gobierno estadounidense.
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