El Gobierno de Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que contempla una evaluación estratégica ambiental previa para grandes proyectos, con el objetivo de analizar de manera integral sus posibles impactos y evitar que iniciativas vinculadas dentro de una misma región sean evaluadas de forma aislada.
La iniciativa busca sustituir el marco ambiental vigente desde 1988 y evitar que los impactos acumulativos de proyectos en una misma región sean evaluados de manera fragmentada.
Durante la presentación, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que uno de los cambios centrales consiste en pasar de una política enfocada principalmente en sancionar o reparar daños a otra que privilegie la prevención.
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La funcionaria señaló que, bajo el nuevo esquema, quienes pretendan desarrollar grandes proyectos deberán considerar sus efectos ambientales desde una etapa previa.
La propuesta busca evitar que distintos proyectos que intervienen en una misma zona sean analizados como casos independientes cuando, en conjunto, pueden generar impactos ambientales mayores.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos”, planteó Bárcena.
Además de las nuevas herramientas para evaluar proyectos, la propuesta incorpora la restauración ecológica, la reparación y la remediación como componentes centrales de la política ambiental.
Bárcena sostuvo que el objetivo es priorizar la prevención de los daños, pero también contar con instrumentos para recuperar ecosistemas que ya han sido afectados.
La iniciativa plantea, asimismo, fortalecer el ordenamiento territorial, particularmente frente a desarrollos inmobiliarios, así como impulsar acciones de saneamiento y recuperación de ríos, costas, barrancas y otros ecosistemas.
Otro de los ejes de la propuesta es una mayor participación de las comunidades en las decisiones ambientales. El gobierno plantea incorporar de manera más activa a pueblos indígenas y afrodescendientes, además de combinar el conocimiento científico con los saberes ancestrales.
La iniciativa será enviada al Congreso para que sea analizada y votada en el periodo ordinario que comenzará el 1 de septiembre.
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FGR
