La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de México no debe convertirse en una prohibición absoluta que vulnere el derecho a la autonomía de niñas, niños y adolescentes, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana, quienes llamaron a acompañar cualquier restricción con una política educativa integral.
Durante una mesa de diálogo organizada por la institución en Ciudad de México, abogados, psicólogos y pedagogos coincidieron en la necesidad de establecer límites al uso de dispositivos tecnológicos en los espacios educativos, pero señalaron que retirar los celulares de las aulas no resolverá por sí mismo los problemas de atención, bienestar emocional y convivencia asociados al uso de las plataformas digitales.
Ricardo Ortega Soriano, abogado y especialista en derechos de la infancia, sostuvo que ninguna prohibición debe considerarse una “panacea”, pues podría reducir un problema estructural a una sola medida y dejar fuera de la discusión la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas.
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De acuerdo con Ortega Soriano, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado que más de 114 países han establecido límites al uso de dispositivos en contextos escolares por razones pedagógicas y de convivencia.
Sandra Irma Montes de Oca, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, señaló que la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum debe establecer con precisión cuándo, dónde y a quiénes se aplicarán las restricciones.
La especialista puso como ejemplo las medidas adoptadas en otros países y mencionó que Australia estableció restricciones a las redes sociales para menores de 16 años.
“No todos los estudiantes utilizan el celular de la misma manera ni tienen las mismas necesidades”, planteó la especialista al advertir que una regulación uniforme podría terminar afectando a quienes requieren estos dispositivos como apoyo para comunicarse o desarrollarse en el ámbito educativo.
La especialista también llamó a establecer reglas “claras, consistentes y conocidas por toda la comunidad escolar”, con el propósito de evitar medidas disciplinarias excesivas.
Advirtió sobre el riesgo de que las restricciones deriven en confiscaciones prolongadas, sanciones desproporcionadas o castigos que terminen afectando el derecho de los estudiantes a continuar con su aprendizaje.
El desafío, concluyeron, será regular el uso de la tecnología sin convertir la restricción en una forma de exclusión tecnológica y, al mismo tiempo, exigir responsabilidades a las empresas que diseñan las plataformas que concentran buena parte de la atención de las nuevas generaciones.
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