La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró documentación, contratos y registros de importación durante el cateo de dos bodegas de la empresa Ingemar en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, como parte de la investigación contra una red de contrabando de combustible por vías férreas ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que los hallazgos abren nuevas líneas de investigación en el expediente de la mayor red de huachicol fiscal del país.
Agentes ministeriales y peritos ingresaron a los inmuebles después de que un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México autorizó la diligencia solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sheinbaum condiciona encuentro con Trump cuando sea oportuno
- El Tip: AL FRENTE de la estructura empresarial de Ingemar está Ernesto Ruffo Appel y sus socios José Merino Valdés y Ricardo Thompson.
En los cateos, la FGR localizó documentación que, según Godoy Ramos, permitiría acreditar operaciones simuladas, entre ellos, dijo: “Aseguraron sedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal”. También aparecieron archivos vinculados con otros posibles esquemas delictivos que la institución ya investiga.
Según la fiscal general, el análisis preliminar permitió identificar datos sobre operaciones de comercio exterior de Ingemar, empresa ligada a Ruffo Appel, y aportar elementos que “abrirán nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible”.
Días después de la detención de Ruffo Appel, su hija Verónica denunció que le negaron el acceso a una bodega de Ingemar donde el exgobernador guardaba material para su defensa, por lo que se presume que es el inmueble cateado por la FGR.
Respecto a las medidas impuestas a Ruffo Appel, la fiscal señaló que la institución no ha recibido notificación sobre una petición formal de su defensa para sustituir la prisión preventiva oficiosa por reclusión domiciliaria: “Sí tenemos información, en cambio, de que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente todos sus derechos”.

Crece 52% el despliegue de fuerzas federales en un año

