La estrategia que Claudia Sheinbaum atribuye a Estados Unidos para dividir a su gabinete tiene un precedente más amplio que los elogios recientes hacia Omar García Harfuch. Desde hace al menos ocho décadas, investigaciones académicas, auditorías oficiales y archivos desclasificados documentan que agencias estadounidenses han buscado interlocutores privilegiados dentro del Gobierno mexicano, establecido canales reservados con funcionarios de alto nivel y creado grupos especiales bajo esquemas propios de confianza.
El señalamiento de la Presidenta respecto a la injerencia surgió después de que Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), calificó en agosto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como “socio de confianza y buen amigo de EU”.
Este miércoles, Sheinbaum Pardo sostuvo que Washington intenta introducir diferencias políticas entre integrantes de su equipo: “Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero pues fracasan en eso porque no lo logran”.
- El Dato: López Obrador clausuró la SIU que operaba con la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad tras denuncias de que el grupo había sido infiltrado por el narcotráfico.
Uno de los antecedentes aparece mucho antes de la implementación de la DEA. El académico Carlos A. Pérez Ricart documentó que la Oficina Federal de Narcóticos (FBN, por sus siglas en inglés), antecesora de la actual corporación antidrogas (DEA), empleó entre 1940 y 1968 mecanismos de presión diplomática, agentes desplegados en territorio nacional y vínculos con servidores públicos para influir en la política mexicana contra los estupefacientes.
En el gobierno de Lázaro Cárdenas, la oficina encabezada por Harry J. Anslinger, excomisionado de la FBN del Departamento del Tesoro de los EU, confrontó el Reglamento Federal de Toxicomanías de 1940, que permitía suministrar narcóticos bajo supervisión médica. La investigación de Pérez Ricart señala que un embargo de medicamentos, impulsado desde esa institución, contribuyó a la suspensión del modelo en julio de 1940.
Más adelante, Anslinger elevó la presión contra la administración de Miguel Alemán. En 1947 cuestionó a México ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas por la producción de drogas y promovió una moción internacional de censura. Después, las autoridades nacionales ampliaron las campañas de erradicación, incrementaron la participación de soldados y policías judiciales, además de endurecer las sanciones relacionadas con esos delitos.
Con la Guerra Fría apareció un mecanismo todavía más directo. Winston Mackinley Scott, jefe de la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la Ciudad de México, desarrolló LITEMPO, nombre clave de una red secreta de contactos que alcanzó los niveles superiores del poder político nacional.
Una investigación sustentada en documentos desclasificados señala que Scott incorporó a 12 personas a ese circuito entre 1956 y 1969. Entre ellas figuraron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Adolfo López Mateos y Fernando Gutiérrez Barrios.
El esquema permitió intercambiar información sensible mediante conductos ajenos a la diplomacia ordinaria y convirtió a ciertos integrantes de la estructura gubernamental en interlocutores directos de la inteligencia estadounidense que cuidaban los intereses de EU en México.
A diferencia de LITEMPO, las décadas posteriores llevaron esa selección de contrapartes hacia mecanismos formales de cooperación. En 1997, la DEA incorporó a México al programa de Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés), compuesto por servidores públicos mexicanos elegidos para intervenir en operaciones bilaterales reservadas después de que superaran controles de confianza establecidos para reducir filtraciones.
Según una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense, el esquema contaba en 2006 con 184 integrantes mexicanos. Sus miembros pertenecían a la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y debían aprobar revisiones de antecedentes penales, análisis para detectar consumo de drogas y pruebas de polígrafo antes de recibir capacitación, equipo y respaldo para realizar investigaciones conjuntas.
Frente a esos antecedentes, el fenómeno que hoy denuncia la Presidenta Claudia Sheinbaum no carece de referentes históricos. Washington ha recurrido a distintos mecanismos de control e investigación para identificar a funcionarios confiables, establecer relaciones directas con determinadas áreas del Estado mexicano y reservar información para estructuras previamente seleccionadas. Los métodos, objetivos y circunstancias de interés han cambiado con cada etapa de la relación bilateral, pero el objetivo se mantiene.
Congresistas de NY visitan Tren Maya
Por Redacción
Una delegación de legisladoras del estado de Nueva York recorrió cavernas y ríos subterráneos atravesados por el tramo cinco del Tren Maya, en Quintana Roo, donde observó pilotes del viaducto ferroviario dentro del sistema Aktun T’uyul.
Karines Reyes y Emérita Torres, integrantes de la Asamblea estatal estadounidense, participaron en la visita durante una gira por México que incluyó el encuentro con autoridades de gobierno y organizaciones medio ambientales.
El recorrido reavivó los cuestionamientos sobre el impacto de la obra en el subsuelo de la Riviera Maya.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció previamente afectaciones en ocho cavernas y cenotes de esa zona, además de labores para retirar concreto.
Desde 2022, organizaciones ecologistas mexicanas han llevado el caso al mecanismo ambiental contemplado en el Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC), en virtud de posibles incumplimientos de la legislación durante la construcción del tramo.
