Aunque el Mundial 2026 llegó a su fin, las medidas de vigilancia, control del espacio público y actuación policial implementadas durante el torneo podrían permanecer en México como parte de su legado, advirtieron representantes de organizaciones civiles.
Durante la presentación del informe “Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial 2026”, las organizaciones alertaron sobre los riesgos que representa la permanencia de estas capacidades de seguridad una vez concluido el megaevento deportivo.
El documento identifica patrones de represión y criminalización de la protesta, restricciones al espacio público, control territorial y fortalecimiento de las capacidades de seguridad y vigilancia en las tres ciudades mexicanas que fungieron como sedes del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
De acuerdo con el informe, las medidas adoptadas durante la organización y desarrollo del Mundial deben ser analizadas no sólo por su impacto durante la competencia, sino también por las consecuencias que podrían tener posteriormente en materia de derechos humanos.
Las organizaciones participantes señalaron que el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control puede trascender el contexto deportivo y convertirse en herramientas disponibles para las autoridades en otros escenarios, particularmente frente a movilizaciones y protestas sociales.
El Mundial 2026 fue organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, con encuentros disputados en distintas ciudades de los tres países.
En el caso mexicano, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentraron parte de los operativos de seguridad y las medidas de control vinculadas con el desarrollo del torneo, por lo que el informe pone especial atención en las transformaciones registradas en estos territorios.
Los representantes de las organizaciones llamaron a mantener la vigilancia ciudadana sobre las políticas de seguridad implementadas durante el evento y evitar que las medidas excepcionales adoptadas para garantizar su desarrollo se conviertan en prácticas permanentes que puedan afectar el ejercicio de derechos fundamentales.
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