La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma constitucional en materia de nacionalidad única, que establece como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tener otra nacionalidad o renunciar a ella antes del registro de la candidatura.
Esta sesión ordinaria estuvo marcada por el enfrentamiento entre Morena y sus aliados con los partidos de oposición, principalmente, con legisladores del PAN; estos últimos decidieron abandonar la mesa de discusión.
Con 26 a favor, cinco en contra (del PRI y Movimiento Ciudadano) y cero abstenciones, los legisladores de la mayoría legislativa avalaron el dictamen sin modificaciones a la iniciativa enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, que propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La discusión inició con un desencuentro sobre el procedimiento para presentar reservas, y es que se acordó que estas se presentarán en el pleno hasta el próximo 21 de septiembre, fecha en que se prevé sea discutido.
Ante esto, legisladores de oposición reclamaron su derecho a discutir y reservar artículos dentro de la comisión.
Incluso, el diputado panista, Federico Döring solicito abrir un proceso de parlamento abierto antes de votar el dictamen al argumentó que la propuesta podría afectar derechos previamente reconocidos y señaló que, de acuerdo con datos del Conapo citados durante su intervención, alrededor de cuatro millones de mexicanos que viven fuera del país podrían tener doble nacionalidad.
Esta propuesta fue rechazada.
Durante el debate, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN coincidieron en cuestionar la necesidad de imponer la nacionalidad única para quienes aspiren a los cargos ejecutivos señalados.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes de la Torre sostuvo que tener otra nacionalidad no significa una menor lealtad hacia México.
“Una segunda nacionalidad no significa una segunda lealtad. Tener dos pasaportes no significa que tengas la mitad del compromiso con México”, señaló.
Asimismo, el priista, César Alejandro Domínguez Domínguez cuestionó que el dictamen pretendiera restringir derechos políticos sin acreditar casos concretos en los que la doble nacionalidad hubiera representado un riesgo para el país.
En tanto, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala advirtió que la reforma afectaría a mexicanos que adquirieron otra nacionalidad por circunstancias familiares o migratorias y cuestionó la rapidez con que se procesó el dictamen.
En contraste, Morena, PT y PVEM defendieron la propuesta bajo el argumento de que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben tener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
La diputada de Morena, Katia Castillo sostuvo que la reforma busca garantizar que quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno respondan exclusivamente al Estado mexicano.
“Gobernar no significa equilibrar dos lealtades jurídicas, significa representar y defender sin ninguna ambigüedad los intereses de nuestra nación”, refirió.
Desde el PT, Lilia Aguilar argumentó que la Constitución ya contempla cargos para los que se exige nacionalidad mexicana única y señaló que el objetivo es reforzar la certeza sobre la lealtad de quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción del Estado.
Mientras que, el diputado morenista, Gilberto Herrera Solórzano resumió su postura con una pregunta dirigida a la oposición: “Hay de dos sopas. ¿Es con México o estás contra México?”.
El punto de mayor tensión ocurrió durante la tercera ronda de intervenciones, cuando la diputada panista, Paulina Rubio Fernández reclamó que no se hubiera realizado un parlamento abierto ni una consulta con organizaciones de migrantes, instituciones de derechos humanos y otros sectores involucrados.
Rubio Fernández sostuvo que los mexicanos en el exterior debían participar en una discusión que podría afectar sus derechos y acusó a la mayoría de utilizar a la comunidad migrante cuando le resulta conveniente.
La diputada también cuestionó que se invocara la soberanía nacional mientras, a su juicio, no se atendían otros problemas relacionados con seguridad y crimen organizado.
Al concluir su intervención, anunció la salida de Acción Nacional de la discusión.
“Así que nos retiramos de la discusión. Muchísimas gracias.”
Tras votar, la presidencia de la comisión, a cargo de Leonel Godoy, informó que el dictamen será remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de su programación legislativa.
¿Qué dice el dictamen?
Uno de los puntos centrales del dictamen es que no bastará con presentar una renuncia ante autoridades mexicanas, y es que México no puede extinguir unilateralmente una nacionalidad reconocida por otro Estado, por lo que la legislación secundaria deberá establecer mecanismos para comprobar que el vínculo jurídico con la otra nación efectivamente dejó de existir.
Además, una vez en el cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a su protección diplomática.
El incumplimiento quedaría sujeto al régimen de responsabilidades constitucionales.
El dictamen aclara que la reforma no considera la doble nacionalidad como una forma de deslealtad ni busca restringir los derechos políticos de las personas binacionales; la medida se justifica, según la Comisión, por la naturaleza y responsabilidades de los cargos del Poder Ejecutivo.
Los nuevos requisitos comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, mientras que quienes ya ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno al entrar en vigor la reforma no se verían afectados.
El Congreso y las entidades federativas tendrían 90 días naturales para adecuar sus respectivas leyes.
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MSL
