La violencia letal contra las mujeres dejó una marcada diferencia en la forma en que las fiscalías clasificaron los casos durante el primer semestre de este año. Sólo tres de cada diez muertes violentas fueron registradas como feminicidio, delito que reconoce razones de género, mientras las otras siete quedaron bajo la categoría de homicidio doloso.
La organización Causa en Común contabilizó 317 víctimas en el primer grupo frente a 772 en el segundo, lo que evidencia una amplia brecha en la clasificación de estos delitos en México.
El informe Qué dicen y qué ocultan las cifras oficiales sobre delitos en México utiliza esa proporción como una referencia descriptiva, no como un parámetro para determinar cuántos asesinatos debieron investigarse por razones de género.
- El Dato: EL feminicidio está clasificado legalmente como un “tipo penal autónomo”, lo que significa que tiene sus elementos constitutivos, reglas de investigación y sanciones.
A escala nacional, la organización detectó 14 entidades del país donde el número de homicidios dolosos de mujeres resultó considerablemente mayor al de feminicidios, un patrón que, según su metodología, amerita revisar los criterios de clasificación de los delitos.
Otra señal surge del contraste con el informe Galería del Horror, el registro que Causa en Común construye a partir de hechos publicados en fuentes abiertas.
En 11 entidades los asesinatos de mujeres con “crueldad extrema” documentados por la organización superaron los feminicidios reportados oficialmente. Los casos se distribuyeron principalmente en regiones del centro, occidente, noreste, sur y Golfo del país.
La organización civil considera que esas diferencias constituyen indicios de posible subregistros o reclasificación, pero aclara que no demuestran por sí mismas una alteración deliberada de las cifras.
Su categoría de “crueldad extrema”
reúne hechos con elementos compatibles con violencia feminicida, como agresión sexual, mutilaciones u otras formas de sevicia, por lo que plantea una revisión jurídica con perspectiva de género.
Por su parte, México Evalúa ha encontrado problemas semejantes al observar la serie histórica. En 2025, las autoridades registraron 721 víctimas de feminicidio, una reducción frente al año anterior, aunque la cifra quedó 68.5 por ciento por encima de 2015. Su estudio Violencia en México 2015-2025 señala que el delito alcanzó un máximo de mil 21 víctimas en 2021, antes de iniciar una etapa de descenso.
Una medición distinta de Data Cívica parte de las Estadísticas de Defunción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y toma características como el lugar de la muerte, agresión sexual, antecedentes de violencia familiar, parentesco con el agresor, maltrato o abandono. Con esa metodología estimó para 2023 una tasa de 1.38 feminicidios por cada 100 mil mujeres, 34 por ciento superior a la de 2006.
Ese ejercicio también encontró que los asesinatos de mujeres, sin importar su clasificación penal, crecieron 127 por ciento entre 2006 y 2023.
Data Cívica advierte que la falta de una tipificación homologada y los vacíos en los registros dificultan comparar el fenómeno entre territorios, pues las bases disponibles no siempre consignan variables necesarias para establecer si existieron razones de género.
Más de una década después de la incorporación del feminicidio a los códigos penales, México Evalúa documentó otra limitación. Su informe Hallazgos 2023 señala que todavía persisten problemas para definir con claridad qué casos clasifican las fiscalías bajo ese delito y para incorporar la perspectiva de género a las investigaciones. Esa diferencia institucional condiciona la lectura de los registros nacionales.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio mantiene un seguimiento paralelo con 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres. Su metodología combina la documentación de asesinatos, la revisión diaria de notas periodísticas y solicitudes de información a las fiscalías para construir patrones sobre posibles casos de
violencia feminicida.
Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, ha señalado que el desafío no termina con la existencia de leyes o protocolos.
“Necesitamos materializar la perspectiva de género en la operación diaria y en cada etapa del proceso penal”, afirmó durante un diálogo organizado por el centro de análisis sobre la respuesta del sistema de justicia ante la violencia contra las mujeres.
Las series anteriores muestran que las dos categorías tampoco evolucionan al mismo ritmo. Entre 2015 y 2021, los feminicidios registrados pasaron de 412 a 978, un aumento de 137 por ciento, mientras los homicidios dolosos de mujeres crecieron 58 por ciento, de mil 734 a dos mil 742.
En ese análisis, expertas convocadas por México Evalúa pidieron aplicar la perspectiva de género desde la investigación hasta las decisiones judiciales.
Frente al corte de este año, Causa en Común vuelve a colocar el foco en la clasificación. El estudio no sostiene que los 772 homicidios dolosos de mujeres deban convertirse en feminicidios, pero advierte que las brechas entre ambas categorías y los casos documentados fuera del registro oficial requieren una explicación institucional.
El 29 por ciento, precisa, describe cómo las fiscalías catalogaron esas muertes violentas durante el semestre, no la incidencia real del delito.
