El sismo de 2017 volvió a desnudar las condiciones en las que trabajaban cientos de mujeres en talleres textiles de la Ciudad de México. Sobrevivientes recuerdan el miedo, los edificios inseguros y la falta de derechos laborales; algunas prefieren no hablar públicamente de su experiencia por temor a perder su empleo.
A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, la esquina de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Obrera, permanece como uno de los lugares que concentran la memoria de las tragedias que han golpeado a las costureras de la industria textil en la Ciudad de México.
Ahí, en un edificio de cuatro niveles, murieron 21 personas tras el colapso provocado por el terremoto. La mayoría eran mujeres vinculadas con actividades textiles y de manufactura.
- 21 personas murieron en el derrumbe de la fábrica de ropa
Treinta y dos años antes, el terremoto de 1985, había dejado cientos de costureras muertas bajo los escombros de talleres ubicados principalmente en la zona de San Antonio Abad. Aquella tragedia dio origen a organizaciones de trabajadoras que denunciaron por décadas los bajos salarios, falta de seguridad social y las condiciones inseguras de los centros laborales.
“Las condiciones siguen siendo las mismas en los centros de trabajo y las estructuras de los edificios. Yo no veo ninguna situación diferente entre 1985 y en el 2017”, denunció Gloria Juandiego, costurera sobreviviente del prime terremoto y una de las fundadoras del extinto sindicato de costureras, al recordar el derrumbe de Chimalpopoca.
Para ella, aquella tragedia demostraba que las condiciones que habían provocado la vulnerabilidad de las trabajadoras no habían desaparecido, ya que las trabajadoras que sobrevivieron al derrumbe tuvieron que regresar a sus empleos, buscar nuevas fuentes de ingreso o continuar dentro de una industria en la que, históricamente, las condiciones laborales han estado marcadas por la precariedad.
“Algunas sobrevivientes han preferido mantener el anonimato cuando se habla de sus actuales condiciones laborales. El temor no necesariamente está relacionado con volver a vivir un terremoto, sino con las consecuencias que puede tener denunciar públicamente las condiciones de un taller: perder el empleo, ser identificadas por sus patrones o quedarse sin una fuente de ingresos”, explicó la trabajadora.
Durante las primeras investigaciones, posteriores al sismo, se documentaron condiciones laborales precarias que enfrentaban algunas trabajadoras fallecidas.
Un informe de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la entonces Ciudad de México señaló que tres mujeres que murieron en uno de los centros de trabajo cobraban alrededor de 200 pesos por día y no contaban con servicios de seguridad social.
La investigación realizada tras el movimiento telúrico, señaló que el inmueble de Chimalpopoca no participó en el simulacro realizado la mañana del 19 de septiembre de 2017. Cuando ocurrió el terremoto, aproximadamente dos horas después, los trabajadores se encontraban en el edificio; de alrededor de un centenar de personas, sólo una parte logró salir.
“Durante las primeras horas después del derrumbe hubo una disputa por el rescate de personas y el resguardo de mercancías, documentos y maquinaria. Testimonios recogidos entonces describieron cómo, mientras decenas de voluntarios buscaban sobrevivientes, también se retiraban materiales y bienes pertenecientes a las empresas que operaban en el inmueble: narró Gloria.
Juandiego recordó que, tres décadas antes, las prioridades de los dueños de los talleres habían sido motivo de indignación entre las trabajadoras. Años después, el sismo de 2017 puso sobre la mesa la relación entre precariedad laboral, inseguridad estructural y falta de protección civil.
Rébsamen: a 9 años, la herida sigue
| Por Claudia Arellano |
A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Tlalpan, permanece en obra negra, como una estructura detenida en el tiempo que mantiene presente el recuerdo de una de las tragedias más dolorosas ocurridas en aquel terremoto.
El plantel colapsó durante el sismo de magnitud 7.1 y dejó un saldo de 26 personas fallecidas: 19 niñas y niños y siete adultos. A casi una década de distancia, el inmueble continúa sin ser rehabilitado, mientras alrededor del predio permanecen las huellas de una tragedia que modificó para siempre la vida de familias, vecinos y comunidades escolares.
La imagen de la construcción inconclusa contrasta con los años que han transcurrido desde aquel 19 de septiembre. Para los habitantes de la zona, el inmueble no representa solamente una edificación abandonada: también es un recordatorio permanente de las horas de angustia que siguieron al movimiento telúrico y de las labores de rescate que se prolongaron entre los escombros.
En julio pasado, una audiencia judicial volvió a colocar el nombre del Rébsamen en el centro de la discusión, luego de que Mónica García Villegas, exdirectora y propietaria del colegio, señalara que no cuenta con recursos para cubrir la reparación del daño establecida por la justicia. El predio donde se encontraba la escuela está sujeto a un proceso de extinción de dominio, por lo que un juez rechazó utilizarlo como garantía para cubrir ese pago.
En agosto, además, se abrió el juicio oral contra Juan Apolinar Torales, Director Responsable de Obra señalado en la investigación por el colapso. De acuerdo con el expediente citado en versiones periodísticas, el funcionario había suscrito en junio de 2017 documentos mediante los cuales afirmó que los inmuebles reunían las condiciones de seguridad necesarias para operar como colegio.
El caso permanece así como una herida abierta: el edificio no ha sido rehabilitado, las familias continúan enfrentando procesos relacionados con la reparación del daño y todavía existen procedimientos judiciales derivados de lo ocurrido.
Aníbal, padre de Patricio, uno de los alumnos que sobrevivió al colapso, ha señalado que las consecuencias de aquella mañana continúan presentes. En febrero de 2026, denunció junto con otras familias la suspensión o reducción de apoyos económicos destinados a sobrevivientes, recursos que, explicó, eran utilizados para atender secuelas físicas y psicológicas.
“Las dispersiones se hacen normalmente dentro de los primeros diez días hábiles. Cuando se cumplieron, varias madres me avisaron que no habían recibido nada”, relató el padre, al denunciar que decenas de familias habían dejado de recibir los recursos.
El impacto no sólo se mide en apoyos económicos. Una de las sobrevivientes, identificada como Luna, relató que todavía experimenta ansiedad cuando escucha la alerta sísmica. Explicó que durante el terremoto vio cómo una maestra quedó atrapada entre los escombros y que esa imagen permanece en su memoria.
Ivonne Carbajal, madre de Axel, uno de los alumnos que logró salir con vida, recordó que llegó al colegio pocos minutos después del terremoto y encontró un escenario irreconocible: “Salí corriendo y cuando llegué, ver la escuela fue horrible”. La angustia aumentó cuando no encontraba a su hijo entre el movimiento de padres, rescatistas y autoridades. Finalmente logró localizarlo.
A nueve años del 19-S hay pendientes de entregar 1,585 viviendas
