La regulación del uso de celulares abrió un debate sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en una decisión que modificará su vida escolar. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que consultar a autoridades, docentes y familias no sustituye el derecho de los alumnos a expresar su opinión y que se les considere.
Desde su perspectiva, la ausencia de estudiantes en la discusión constituye un hecho que debe ser examinado por el periodismo: una política que afecta directamente sus actividades, relaciones, formas de comunicación y espacios de convivencia no debería construirse únicamente desde la perspectiva adulta.
Uno de los primeros cuestionamientos que plantea el debate es aparentemente sencillo: “¿cuántas niñas, niños y adolescentes fueron consultados antes de establecer las restricciones?”. Y agregó: “No basta con señalar que existe un consenso entre autoridades escolares, docentes y familias. Para hablar de un verdadero acuerdo de la comunidad educativa tendría que conocerse quiénes participaron, cómo fueron seleccionados, qué opiniones expresaron y, sobre todo, si alguna de sus propuestas modificó el contenido final de la regulación”.
El planteamiento de Tejiendo Redes Infancia el derecho a la participación como un elemento central. Esto significa que escuchar a los menores no debería reducirse a una consulta simbólica o a permitirles expresar una opinión que no tenga ningún efecto sobre la decisión.
“El debate adquiere otra dimensión cuando se incorpora el concepto de adultocentrismo, entendido como una forma de organización en la que los adultos concentran la capacidad de interpretar las necesidades, riesgos y soluciones de las generaciones más jóvenes”, señaló.
Dijo que una política puede tener una finalidad protectora y, al mismo tiempo, reproducir una lógica adultocéntrica si considera a niñas, niños y adolescentes únicamente como receptores de reglas y no como sujetos con capacidad para expresar sus opiniones.
“El ciberacoso, la exposición a contenidos violentos o perjudiciales, la explotación de datos personales, la publicidad dirigida, los mecanismos de diseño que prolongan el tiempo de permanencia en plataformas y las dificultades de alfabetización digital son problemas que requieren respuestas institucionales”, expuso.
Detalló que no necesariamente representa la misma situación utilizar un teléfono mientras un docente desarrolla una actividad pedagógica, que hacerlo durante un periodo destinado al descanso, juego, convivencia y socialización.
“La diferencia importa porque la restricción durante una clase busca atender un problema relacionado con la actividad educativa, mientras que una prohibición durante el recreo puede intervenir directamente en la manera en que los estudiantes se comunican, descansan o se relacionan entre sí”, el activista expresó al considerar que el debate sobre el uso de pantallas también puede quedar incompleto si toda la responsabilidad se deposita sobre estudiantes y familias.
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