La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo 13 sentencias condenatorias que, en conjunto, suman 495 años y siete meses de prisión durante la última semana. En el mismo periodo consiguió que 25 personas quedaran vinculadas a proceso y ejecutó 21 cateos en cuatro entidades del país.
Entre el 14 y el 20 de septiembre, las resoluciones alcanzaron casos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro, homicidio, delitos contra la salud y violaciones en materia de armas de fuego y explosivos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las 25 vinculaciones a proceso corresponden, entre otros ilícitos, a investigaciones por narcóticos, delincuencia organizada, lavado de dinero y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Durante esos siete días, agentes federales también detuvieron en flagrancia a 18 personas. Seis quedaron bajo investigación por delitos relacionados con hidrocarburos y armas de fuego, mientras otras seis enfrentan acusaciones por ilícitos contra la salud y violaciones a la legislación federal sobre armamento.
Otros cuatro detenidos aparecen vinculados con delincuencia organizada relacionada con delitos contra la salud. Dos más fueron capturados por secuestro, de acuerdo con el balance semanal de la FEMDO.
Además, fiscales federales consiguieron órdenes de aprehensión contra seis personas investigadas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como parte de las investigaciones, la institución ejecutó 21 cateos en inmuebles ubicados en cuatro entidades. Las diligencias dejaron siete personas detenidas, según el reporte oficial.
En Sinaloa, la FEMDO también reportó la destrucción de un centro clandestino para el procesamiento de drogas, localizado el 16 de septiembre durante una operación realizada en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México.
La FGR atribuyó estos resultados a las acciones emprendidas dentro del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que contempla coordinación entre instituciones, análisis de inteligencia y uso de herramientas científicas y tecnológicas para investigaciones sobre delitos de alto impacto.
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