El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó a México en el centro de su ofensiva hemisférica contra los cárteles al señalarlo como “el epicentro de la violencia” de esas organizaciones y, horas después, advertir que Washington está dispuesto a intervenir cuando un país no tenga capacidad para combatirlas por cuenta propia.
La presión quedó acompañada por una iniciativa de 15 naciones que abre la puerta a discutir acciones colectivas bajo un tratado que contempla incluso el empleo de fuerza armada.
- El Dato: DONALD TRUMP presumió su decisión de cerrar la frontera estadounidense, reducir la delincuencia en Memphis y Nueva Orleans e impulsar el turismo en Washington.
“Háganoslo saber y nosotros los eliminamos, o háganlo ustedes mismos. Eso me gusta todavía más. Pero si no pueden, lo haremos por ustedes”, declaró Trump durante la reunión del Escudo de las Américas en Nueva York. México no forma parte de esa alianza ni suscribió el pronunciamiento anunciado este martes.
Trump sostuvo que resulta “inaceptable” para Estados Unidos compartir una frontera de dos mil millas con zonas que, según afirmó, se encuentran bajo control de “cárteles enemigos”, y exigió al país recuperar esos espacios.
El republicano vinculó ese diagnóstico con el uso del poder militar estadounidense. Recordó que su administración designó a organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros y aseguró que autorizó a las Fuerzas Armadas a combatirlas. También comparó a los cárteles con el Estado Islámico y afirmó que Washington recurrirá a su capacidad militar cuando considere amenazados sus intereses en el hemisferio.
Pese a los señalamientos, Trump aseguró que mantiene una buena relación con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció avances en la cooperación bilateral. “Ellos tampoco quieren a los cárteles”, dijo.
Horas más tarde, EU, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago anunciaron que solicitarán ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para establecer un órgano bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
El documento identifica a las organizaciones “narcoterroristas” como una amenaza inmediata para la paz y seguridad del continente y plantea congelar activos, imponer restricciones migratorias y de visas, además de aplicar responsabilidades penales a quienes les proporcionen apoyo material. Los gobiernos buscarán también una resolución para “promover y facilitar la acción colectiva” contra esos grupos.
La declaración no autoriza por sí misma operaciones militares. Sin embargo, la ruta elegida lleva el combate contra los cárteles hacia uno de los instrumentos de defensa colectiva del continente.
Entre las medidas que contempla el TIAR figuran respuestas diplomáticas y económicas, interrupción de comunicaciones y, bajo determinadas condiciones, el uso de fuerza armada. Ningún Estado parte puede quedar obligado a emplearla sin su consentimiento.
México quedó fuera de ese mecanismo desde hace 22 años. El gobierno nacional denunció el tratado el 6 de septiembre de 2002 y éste dejó de tener efectos para el país dos años después, una vez cumplido el plazo establecido para su retiro.
El foco de la iniciativa, sin embargo, alcanza directamente al mapa criminal mexicano. De las 24 organizaciones señaladas en la declaración, ocho corresponden a estructuras que operan en México: Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Viagras y Cártel de Juárez, identificado junto con La Línea.
Marco Rubio, secretario de Estado de EU, sostuvo que estas organizaciones dejaron de funcionar únicamente como redes dedicadas al narcotráfico y, en algunos casos, cuentan con recursos financieros, militares y de inteligencia capaces de rivalizar con los de un Estado. Afirmó que su carácter transnacional exige una respuesta coordinada entre gobiernos.
Neutraliza 5 drones
Por Elizabeth Hernández
El Ejército mexicano neutralizó cinco drones vinculados con actividades de grupos criminales durante una operación coordinada con Estados Unidos en la frontera entre Tijuana y San Diego. El despliegue también dejó una persona detenida y el aseguramiento de un arma de fuego, cargadores y cartuchos.
Uno de los aparatos mostró el alcance de la coordinación transfronteriza. Autoridades estadounidenses lo detectaron de su lado de la línea divisoria antes de que cruzara hacia México, donde personal militar lo inhabilitó a partir del intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Autoridades de México y Estados Unidos revisaron ayer los resultados del operativo en una reunión encabezada por el comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana. La Defensa sostuvo que “Águila Alta” permitió disuadir actividades de grupos delincuenciales en la frontera común. Señaló que el despliegue fortaleció los protocolos de comunicación y el intercambio de información entre las instituciones.
La oposición cuestiona estrategia de seguridad
| Por Tania Gómez y Claudia Arellano |
LEGISLADORES del PAN y del PRI en el Congreso cuestionaron la estrategia de seguridad del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, calificara a México ante la ONU como el “epicentro de la violencia de los cárteles”.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que los señalamientos de Trump reflejan un problema que, dijo, México ya conoce. “No hace falta que alguien fuera de México venga a decir que no se está haciendo lo suficiente, eso es algo que nosotros sabemos”, declaró.
Cuestionó la estrategia de “abrazos no balazos” y afirmó que deben desmantelarse las estructuras financieras y operativas del crimen. Desde la tribuna, la senadora Lilly Téllez sostuvo que “el Senado es el epicentro de la impunidad de los narcopolíticos” y señaló a los senadores morenistas Enrique Inzunza y Adán Augusto López, a quienes acusó de permanecer impunes.
- 4 mil homicidios van en los dos años de conflicto en Sinaloa
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que los dichos de Trump reflejan una situación que, a su juicio, se vive en distintas regiones de nuesto país.
La senadora priista Paloma Sánchez también cuestionó la falta de acciones frente a la violencia en Sinaloa y señaló que el llamado para atender el problema proviene del exterior. Sostuvo, además, que el Gobierno federal ha evitado pronunciarse sobre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza y la acusó de proteger al gobernador sinaloense.
En la Cámara de Diputados, el vocero del PAN, Federico Döring, cuestionó que la Presidenta no acudiera a la Asamblea General de la ONU para responder a los señalamientos de Trump. “No puede ser que tengamos a un senador que ya es buscado en Estados Unidos y que se presente a votar”, afirmó. También calificó a Rocha Moya como “narcogobernador”.
La diputada Genoveva Huerta consideró que los señalamientos desde EU deberían generar una respuesta de las autoridades mexicanas: “Que desde fuera tengan que señalar que México es el epicentro de la violencia,debería darnos vergüenza como país”.
Dilema, lealtad al Estado o los derechos políticos
